Gobierno declara estratégico el gasoducto para traer gas de Venezuela
La recuperación del gasoducto Antonio Ricaurte, que une La Guajira con Maracaibo, entró a los Proyectos de Interés Nacional y Estratégico. Repararlo costaría unos US$30 millones y tardaría entre 18 y 24 meses.
El Gobierno nacional incluyó la recuperación del gasoducto binacional Antonio Ricaurte entre los Proyectos de Interés Nacional y Estratégico (PINES), con el fin de acelerar su rehabilitación y abrir la puerta a la importación de gas natural desde Venezuela. El proyecto quedó en la misión de Recursos Estratégicos y Energía, que coordinará desde la Vicepresidencia a las entidades involucradas.
El gasoducto, inaugurado en 2007, tiene 225 kilómetros —88 en Colombia y 137 en Venezuela—, une La Guajira con la región del lago de Maracaibo y completa más de diez años sin operar. Puede mover hasta 450 millones de pies cúbicos diarios, pero en una primera fase se importarían 50 millones, alrededor del 5 % de la demanda nacional. Repararlo costaría cerca de US$30 millones y tomaría entre 18 y 24 meses.
La apuesta es por el precio. El gas que llega por barco debe licuarse y regasificarse, lo que encarece el combustible; el que llegue por tubo podría costar cerca de US$6 por millón de BTU, frente a hasta US$25 del gas natural licuado importado, un ahorro potencial de hasta 75 %. La recuperación hace parte de la estrategia «Renacer» de Ecopetrol.
«Tendríamos la posibilidad de traer un gas que no toca licuarlo, transportarlo por el mar y volverlo gas nuevamente, sino que lo pudiésemos traer ya gasificado.»
La urgencia se explica por la dependencia creciente del gas importado. Entre enero y agosto de 2026 las importaciones promediaron 249 millones de pies cúbicos diarios, el 26,1 % del gas comercializado, mientras la producción nacional cayó 12,8 %; solo en agosto llegaron a 341 millones, el 32,3 % del total.
La declaratoria, sin embargo, es un paso administrativo y no significa que el gas venezolano vaya a llegar pronto. La rehabilitación debe cumplir la legislación colombiana y los regímenes de sanciones, y la operación requiere una licencia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, además de las autorizaciones de cada etapa.
