JEP imputa al general (r) Montoya por la operación Orión en la Comuna 13
La Sala de Reconocimiento atribuyó a 12 exintegrantes de la fuerza pública crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en Medellín entre 2001 y 2004, con 891 víctimas.
La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó este viernes al general (r) Mario Montoya Uribe, excomandante de la Cuarta Brigada del Ejército, por crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en la Comuna 13 de Medellín y sus alrededores entre 2001 y 2004, incluida la operación Orión. Con él fueron imputados otros 11 exintegrantes de la fuerza pública, entre ellos el brigadier general (r) José Leonardo Gallego Castrillón.
La decisión, tomada dentro del caso 08, documenta 951 hechos victimizantes contra 891 personas: 87 desapariciones forzadas, 80 homicidios, 289 desplazamientos forzados, 74 lesiones personales, 34 casos de tortura, siete de violencia sexual y 380 privaciones graves de la libertad. Buena parte de los desaparecidos habrían sido inhumados de forma clandestina en La Escombrera y La Arenera, donde se hallaron restos en diciembre de 2024.
A Montoya, que dirigió la operación Orión entre el 16 y el 23 de octubre de 2002, la JEP lo señala como autor por omisión impropia. Según la imputación, no adoptó medidas para prevenir ataques contra civiles, detenciones arbitrarias, desapariciones y torturas, pese a sus deberes como comandante.
«Por su cargo, tenía deberes de mando, control y protección que presuntamente incumplió.»
En esa operación fueron capturadas 292 personas, 248 de ellas sin orden judicial, y 144 quedaron libres entre octubre de 2002 y enero de 2003 por falta de pruebas. La Sala también compulsó copias para que se investigue penal y disciplinariamente al exalcalde Luis Pérez Gutiérrez.
Los imputados pueden ahora reconocer su responsabilidad por escrito, lo que llevaría el caso al Tribunal para la Paz y a sanciones restaurativas, o controvertir los cargos. En ese segundo camino, el proceso pasaría a la Unidad de Investigación y Acusación y podría terminar en penas de hasta 20 años de prisión.
