JEP ordena al Gobierno responder por las obras retiradas del Museo
Un magistrado de la JEP le dio cinco días hábiles al Ministerio de las Culturas y al Museo Nacional para entregar el listado de las obras sobre el conflicto armado que fueron desmontadas, y diez para un informe completo.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le ordenó al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y al Museo Nacional de Colombia explicar el retiro de piezas sobre la violencia política, el conflicto armado y los procesos de paz de varias de sus salas, y entregar un inventario completo de lo que fue desmontado. La orden se conoció este lunes.
El auto lo firmó el 21 de octubre el magistrado Raúl Eduardo Sánchez, de la Sección de Primera Instancia para Casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad. En cinco días hábiles, el Ministerio y el Museo deben presentar un informe preliminar con las piezas, textos, reproducciones y paneles retirados, sustituidos, ocultados o reubicados; en diez días hábiles, una respuesta completa e individual por cada objeto.
El tribunal pidió además las órdenes de retiro, las comunicaciones internas, los registros fotográficos, los guiones museográficos, el lugar donde hoy están las piezas y quién las custodia, así como las personas y dependencias que autorizaron los cambios. El magistrado advirtió que las entidades no podrán negarse con una reserva genérica o basada en la incomodidad institucional del contenido.
Entre lo retirado había afiches de campaña de Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro, candidatos presidenciales asesinados, material de la Unión Patriótica, objetos de luchas feministas y LGBTI, la séptima papeleta de 1991 y el balígrafo, el bolígrafo hecho con una bala con el que se firmó el Acuerdo de Paz de 2016. En una respuesta judicial previa, el Ministerio había reportado 63 elementos desmontados, 22 de ellos patrimoniales.
La JEP busca establecer si esas intervenciones afectan los derechos a la verdad, la memoria, la reparación simbólica y las garantías de no repetición de las víctimas de desaparición forzada y sus familias. La orden se suma a la de un juzgado que, por una tutela, suspendió de manera provisional el traslado de las piezas el 19 de octubre y prohibió destruirlas, sacarlas del Museo, darlas de baja o alterarlas.
