MinVivienda lleva a los entes de control tres obras de agua frenadas
El ministro Jaime Andrés Beltrán entregó a Procuraduría, Contraloría y Fiscalía una auditoría sobre proyectos de agua y alcantarillado en Riohacha, Buenaventura y Ciénaga que no avanzan pese a los recursos girados.
El Ministerio de Vivienda entregó este domingo a la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía los resultados de una auditoría forense sobre tres proyectos de agua y alcantarillado en Riohacha, Buenaventura y Ciénaga que, años después de pactados, no tienen obras terminadas o ni siquiera las empezaron. El ministro Jaime Andrés Beltrán los presentó como presuntas irregularidades heredadas de la administración anterior.
«En el Minvivienda estamos poniendo sobre la mesa las presuntas irregularidades que encontramos en proyectos y obras de Riohacha, Buenaventura y Ciénaga en el gobierno anterior. Ya entregamos el informe a los colombianos y a los organismos de control.»
El caso más llamativo es el del alcantarillado de Riohacha, en La Guajira. El convenio se firmó en 2021 por cerca de $30.000 millones y ya se giraron más de $3.600 millones, pero el avance físico es de 0 %: según el ministerio, el dinero se fue en costos administrativos y la obra nunca arrancó, en una ciudad que se inunda con cada aguacero fuerte.
En Buenaventura el problema es financiero. En 2019 se pidió un crédito internacional por más de US$76 millones para el sistema de acueducto y alcantarillado, y aunque las obras no han comenzado, el país ya acumula más de US$2 millones en costos de financiación y comisiones por ese préstamo.
El tercer proyecto, el mejoramiento de las redes de agua de Ciénaga, en Magdalena, se formuló en 2021 y está suspendido desde comienzos de 2026. La auditoría le atribuye la parálisis a fallas de planeación y de coordinación, y estima que faltan más de $4.600 millones para terminarlo sin que haya hoy una salida técnica y financiera definida.
La Presidencia difundió los tres hallazgos de la auditoría de MinVivienda.
Con el informe ya en manos de los organismos de control, serán estos los que determinen si hubo responsables y si hay lugar a investigaciones disciplinarias, fiscales o penales por los recursos comprometidos en las tres ciudades.
