Revelan pagos en casino y prostíbulo durante la intervención a Coosalud
Extractos de Portichelly, empresa del holding de Coosalud, muestran pagos con tarjeta corporativa en un casino y en un establecimiento para adultos de Cartagena mientras la cooperativa estaba bajo control estatal.
Una tarjeta corporativa de Portichelly, empresa del holding de Coosalud dedicada en el papel a fabricar uniformes, se usó para pagar en un casino y en un prostíbulo de Cartagena mientras la cooperativa estaba intervenida por el Estado, según extractos bancarios de la compañía. Coosalud EPS atiende a más de tres millones de afiliados.
El 23 de septiembre de 2025 la tarjeta registró cuatro pagos por un total de $5 millones en el Texas Luxury Casino, en el barrio El Bosque. El 28 de noviembre aparecen dos cargos de $400.000 cada uno en El Paraíso del Marino, un establecimiento para adultos del barrio Vista Hermosa. Entre agosto y diciembre de ese año, además, se retiraron más de $56 millones en efectivo por cajero, incluida una sola operación de $14,6 millones el 25 de septiembre.
Los documentos también describen contratos sin soporte. Entre abril y mayo de 2025, Soluinnova, otra filial del grupo, firmó dos contratos de obra por $972 millones con la firma Transsem y le giró $399 millones en anticipos, $100 millones de ellos en efectivo, sin que aparecieran actas de avance ni de terminación. El suplente del representante legal de Soluinnova era, al mismo tiempo, representante legal de la contratista.
Esos movimientos ocurrieron después de que la Superintendencia de Salud tomara posesión de la EPS el 22 de noviembre de 2024, por sospechas de desvío de recursos públicos hacia paraísos fiscales, y de que un mes después se interviniera también la cooperativa. Antes de la medida, el patrimonio de la EPS era positivo en $290.183 millones; hoy registra un déficit de $3,7 billones.
La administración de la cooperativa volvió a sus asociados el 31 de agosto de 2026, después de que el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Cartagena concluyera que la Superintendencia de Economía Solidaria no justificó suficientemente la prolongación de la intervención. En el empalme, los nuevos administradores encontraron 26 embargos judiciales por $16.272 millones sobre las cuentas de la entidad.
