Petro niega haber pagado sexo con contratos y denuncia una campaña
El expresidente respondió en X a las denuncias de Deicy Jiménez, mientras la Defensoría pidió priorizar la investigación y el Instituto Anticorrupción lo denunció ante la Comisión de Acusación.
El expresidente Gustavo Petro negó este domingo haber entregado contratos públicos a cambio de relaciones sexuales, como lo señaló la joven Deicy Jiménez, y atribuyó la denuncia a una campaña para escudriñar su vida íntima. En un extenso mensaje publicado en X, aseguró que nunca ha usado el poder público para obtener sexo ni ha sometido a ninguna mujer.
«Jamás he entregado un contrato a cambio de obtener relaciones sexuales. Vomitaría sobre mí mismo si alguna vez hiciera algo semejante.»
Petro sostuvo que, después de intentar mostrarlo como corrupto y narcotraficante «sin poder presentar una sola prueba», ahora se busca indagar «constantemente sobre mi vida íntima y sexual». Afirmó que «nunca he cometido delitos en mi vida sexual», que siempre ha puesto la libertad como principio de sus relaciones y que, «cuando me enamoro, soy fiel». También acusó al Gobierno de Abelardo de la Espriella de estar detrás de lo que llamó una «operación» en su contra.
Su respuesta llegó cuando el caso ya había saltado a las instituciones. La defensora del Pueblo, Iris Marín, anunció que pedirá a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y a la Procuraduría priorizar la investigación de los señalamientos, y pidió esclarecer los hechos, sancionar si corresponde y proteger a las posibles víctimas.
«La gravedad de esta denuncia no da margen de espera. Respetuosamente, solicitaremos la priorización inmediata para la investigación de estos hechos.»
En paralelo, el Instituto Anticorrupción, que dirige Camilo Enciso, radicó una denuncia contra el expresidente ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara y la Corte Suprema por posibles delitos de peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, contratación sin el cumplimiento de requisitos legales, tráfico de influencias y cohecho. La organización pidió escuchar como testigos a la exsenadora María José Pizarro y al exministro Armando Benedetti.
Jiménez afirma haber firmado diez contratos estatales entre 2021 y 2026 con entidades como el Senado, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y el Ministerio del Interior, con el que tendría uno vigente por $30.457.000. Ahora serán la Comisión de Acusación y la Corte Suprema las que determinen si abren formalmente una investigación.
