En Algeciras las disidencias preparan un cobro por cada vivienda
El municipio del Huila, de 30.000 habitantes, paga extorsión por comerciar, cosechar café y beneficiar ganado. El alcalde, Alexánder Martínez, dice que desde allí se coordinan los cobros a los pueblos vecinos.
En Algeciras, Huila, un municipio de unos 30.000 habitantes, no hay comerciante, cafetero ni ganadero que no pague extorsión. Los pequeños negocios pagan por vender, los caficultores por cosechar y transportar el grano, los ganaderos por beneficiar los animales, y los campesinos entregan dinero por cada hectárea de tierra que trabajan. En el casco urbano no se ven hombres armados uniformados, pero el frente Iván Díaz, la compañía Árlex Vargas y la Segunda Marquetalia se han encargado de que todos sepan quién manda.
A ese cobro le está por sumar otro. Líderes sociales han denunciado que las disidencias planean pedirles a los presidentes de junta un censo de cuántas viviendas hay en cada vereda para cobrar por cada casa, una práctica que ya aplican en San Vicente del Caguán y Puerto Rico, en el vecino Caquetá, donde los campesinos pagan por el derecho a tener techo.
El municipio no solo paga: también sirve de central. El alcalde, Alexánder Martínez, sostiene que desde Algeciras se llama a Campoalegre, Rivera, Neiva, Gigante y Garzón para exigir el pago de vacunas, y describe el pueblo como el epicentro de la extorsión en la región. Su ubicación al pie de la cordillera permite a los armados moverse hacia el Caquetá cuando aprietan las autoridades.
«En los últimos 15 días ha estado bastante delicado. Algunas situaciones tienen que ver con extorsiones, en el caso de la droguería por el no pago de las vacunas.»
Esa presión se ha traducido en explosivos. El 12 de agosto, dos días después del terremoto, un cilindro bomba abandonado sirvió de señuelo para emboscar a tropas de la Novena Brigada que verificaban la alerta: murieron el subteniente Yony Alejandro Lizcano Andrade y el soldado profesional Luis Felipe Muñoz Lizcano, y quedaron heridos otros militares. El 27 de agosto un artefacto estalló contra el edificio de tres pisos de la Alcaldía y alcanzó la fachada de la sede contigua de la Fiscalía. El 31, otro destruyó la entrada de una droguería.
El deterioro estaba anunciado. La Defensoría del Pueblo emitió en marzo una alerta temprana para Algeciras y Campoalegre por el riesgo de enfrentamientos armados y violencia selectiva tras el reingreso de la Segunda Marquetalia a la zona. En 2025 el municipio registró 29 homicidios, y en enero de este año fue asesinado Héctor Salazar, vicepresidente de la junta de acción comunal del barrio El Santuario.
