Cierran las mesas con Comuneros del Sur y las bandas de Medellín
Dos resoluciones firmadas el 3 de septiembre terminan los procesos abiertos bajo la paz total y retiran a los negociadores designados. Sigue sin definirse el futuro de las conversaciones con el Clan del Golfo.
El Gobierno terminó formalmente dos de los procesos de conversación que quedaban abiertos de la política de paz total: la mesa con el frente guerrillero Comuneros del Sur, disidencia del ELN con presencia en Nariño, y el espacio sociojurídico con las estructuras criminales de Medellín y el Valle de Aburrá. Las decisiones quedaron consignadas en resoluciones ejecutivas firmadas el 3 de septiembre.
La Resolución Ejecutiva 365 de 2026 ordenó dar por terminada la mesa con Comuneros del Sur, encargó a la Oficina del Consejero Comisionado de Paz comunicar la decisión a las autoridades competentes y derogó la resolución de septiembre de 2024 que había creado ese espacio. Otra resolución del mismo día revocó la designación de Carlos Augusto Erazo Murcia como representante del Ejecutivo y retiró del equipo negociador a Ángela María Robledo, Andrei Gómez Suárez, Clemencia Carabalí, Juan David Correa y Pablo Pardo Velasco.
Comuneros del Sur, una estructura de entre 150 y 300 hombres, había firmado en 2024 una hoja de ruta para avanzar hacia un acuerdo y en 2025 protagonizó la primera dejación y destrucción de armamento de un grupo armado en el país, además de acordar una zona de ubicación temporal en Mallama. Su cabecilla, Gabriel Yepes, alias HH, es ahora uno de los objetivos del Gobierno, que ordenó su extradición a Estados Unidos una vez sea capturado.
La segunda decisión alcanzó al espacio abierto a mediados de 2023 con las organizaciones criminales de alto impacto del Valle de Aburrá, entre ellas La Oficina, Los Chatas, El Mesa, Pachelly y Los Triana. Ese proceso arrastraba el desgaste del llamado tarimazo, el episodio en que cabecillas presos salieron de la cárcel para acompañar en tarima al entonces presidente Gustavo Petro en La Alpujarra, hecho por el que la senadora Isabel Zuleta es investigada.
El desmonte de esas conversaciones venía anticipado. Un día después de la posesión, el Gobierno ordenó trasladar a 117 presos a cárceles de alta seguridad, de los cuales 103 eran cabecillas recluidos en la cárcel de Itagüí y señalados como jefes de bandas de Medellín, el Valle de Aburrá y el oriente antioqueño. La semana pasada se firmaron nueve resoluciones que cerraron los espacios con las disidencias de Calarcá, los Comandos de la Frontera y las propias ACSN.
El presidente Abelardo de la Espriella sostuvo este viernes en Riohacha que la paz de su Gobierno se impondrá con la fuerza de las armas y las leyes de la República, y que la fuerza pública tendrá respaldo político para actuar. Queda sin resolver qué pasará con el Clan del Golfo: no se ha expedido una resolución que ordene terminar ese acercamiento ni se ha informado si el Ejecutivo pretende mantenerlo, reformularlo o sustituirlo.
