Cinco países de la UE quieren centros de retorno fuera del bloque

Los ministros del Interior de Dinamarca, Austria, Alemania, Países Bajos y Grecia acordaron este viernes en Copenhague un modelo común de centros de retorno: instalaciones construidas fuera de la Unión Europea para alojar a solicitantes de asilo cuya petición fue rechazada y que no pueden ser devueltos a sus países de origen. Esperan estar listos para trasladar a los primeros migrantes en 2027.

El grupo, que se reúne desde hace meses, no reveló con qué terceros países está negociando y aspira a firmar los acuerdos este mismo año. Los cinco Estados financiarían íntegramente los centros y podrían ofrecer además fondos adicionales, alianzas comerciales u otros incentivos a los países socios, bajo lo que el documento de principios describe como asociaciones equitativas y mutuamente beneficiosas.

El ministro danés de Migración, Morten Bødskov, sostuvo que las instalaciones no serán una prisión ni un campo de detención, sino lugares donde los países socios dan a los migrantes irregulares una nueva oportunidad. Su homólogo austríaco, Gerhard Karner, planteó el objetivo en otros términos: llevar la migración ilegal hacia cero. El griego Thanos Plevris dijo que las conversaciones con posibles socios se vuelven más profundas y espera anunciar un acuerdo pronto.

Los acuerdos con los países no comunitarios definirán los procedimientos aplicables a los migrantes en los centros, las condiciones de su estancia y las responsabilidades de cada Estado participante. Los ministros aseguraron que el proyecto se ejecutará junto con organizaciones internacionales como el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones, y en plena conformidad con el derecho europeo.

El marco legal que lo permite se aprobó en junio, cuando el Parlamento Europeo dio luz verde a la reforma migratoria más estricta hasta ahora, que acelera las deportaciones y habilita a los Estados miembros a levantar estos centros mediante acuerdos con terceros países. La adopción definitiva del reglamento de retorno se espera en otoño, con la aprobación final de los Estados.

Diecinueve gobiernos europeos respaldaron la fórmula en una carta conjunta enviada a los líderes comunitarios en junio, e Italia ya mantiene un proyecto similar con Albania. En contra están el Consejo de Europa, que en julio advirtió que los centros plantean riesgos considerables para los derechos humanos, y las organizaciones civiles que denuncian el desarraigo de personas y familias. Los cinco ministros vuelven a verse en Múnich a finales de septiembre.