Columbia Británica demanda a OpenAI por el tiroteo escolar
La provincia canadiense acusa a la empresa de no avisar a la policía pese a que su equipo de seguridad había marcado las conversaciones de la atacante sobre violencia con armas.
La provincia canadiense de Columbia Británica demandó este lunes a OpenAI y a su director ejecutivo, Sam Altman, ante un tribunal federal de San Francisco, por no haber avisado a la policía de las amenazas hechas en ChatGPT antes de que una persona abriera fuego en un colegio de Tumbler Ridge.
La demanda persigue dos cosas: una compensación económica que cubra los costos pasados y futuros de la respuesta de emergencia y de la recuperación de la comunidad, y una orden judicial que obligue a la empresa a rehacer la forma en que identifica y maneja las conversaciones de usuarios que amenazan con ejercer violencia.
El ataque ocurrió el 10 de febrero de 2026 en ese pueblo pequeño del oeste canadiense y dejó ocho muertos, uno de los peores de la historia del país. La atacante, Jesse Van Rootselaar, de 18 años y exalumna del colegio, mató primero a su madre y a su medio hermano en la casa familiar, después a cinco niños y a una educadora en el centro educativo, y se quitó la vida en el lugar.
El punto central del litigio es lo que la empresa sabía. El equipo de seguridad de ChatGPT había marcado las conversaciones de Van Rootselaar sobre violencia con armas, pero la compañía no alertó a la policía. OpenAI sostuvo que no denunció la cuenta cuando la suspendió porque no vio indicios de un ataque inminente, y que con las directrices de seguridad actualizadas en junio de 2025 sí se habría denunciado.
«Lo que alegamos en nuestra demanda es que OpenAI sabía que estaban ocurriendo cosas graves en ese chat y no lo denunció.»
Sharma explicó que la provincia acudió a la justicia estadounidense porque la decisión de no denunciar se tomó en California, y sostuvo que el caso plantea preguntas serias sobre las responsabilidades de las empresas tecnológicas cuando conocen amenazas creíbles de violencia. Según ella, el episodio muestra la urgencia de establecer salvaguardas nacionales para la inteligencia artificial y las plataformas en línea.
Altman había publicado en abril una carta dirigida a los habitantes de Tumbler Ridge en la que lamentaba profundamente no haber alertado a las autoridades sobre la cuenta suspendida en junio de 2025, y prometió reformas que, según la demanda, nunca llegó a aplicar pese a los intentos de la fiscal general por dialogar con él.
La provincia no es la única que litiga. Más de treinta demandas de familiares de las víctimas, sobrevivientes y otros afectados cursan ya en el mismo tribunal federal de California; OpenAI pidió desestimar las de las familias con el argumento de que cualquier acción legal relacionada con el tiroteo debe tramitarse en Columbia Británica.
