Gobierno, gremios y sindicatos abren la concertación laboral
La Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales tuvo su primera sesión del Gobierno De la Espriella; volverá a reunirse el 13 de octubre.
El Gobierno, los gremios empresariales y las centrales obreras instalaron este jueves la primera sesión extraordinaria de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales en el Gobierno de Abelardo de la Espriella. La reunión, presidida por la ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, terminó con un acuerdo para crear una mesa técnica y jurídica que revisará las normas laborales que hoy generan inquietud entre empresarios y trabajadores.
Esa mesa tendrá un calendario corto. Los sectores podrán enviar comentarios y observaciones hasta el 9 de octubre, y la Comisión volverá a sesionar el 13 de octubre para estudiar esos aportes y avanzar en el análisis de las disposiciones en revisión.
Sobre la mesa quedaron temas que tocan a buena parte del mercado laboral: el trabajo en plataformas digitales, el trabajo doméstico remunerado, la inspección laboral, la situación de periodistas y comunicadores sociales, el acoso, la violencia y la discriminación, la negociación colectiva, los pactos colectivos, la tercerización y la intermediación laboral.
Por los empleadores asistieron la Andi, Asobancaria, la Sociedad de Agricultores de Colombia, Acopi, Fenalco y el Consejo Gremial Nacional; por los trabajadores, la CGT, la CTC y la CUT, además de las confederaciones de pensionados CPC y CDP. «El diálogo no significa pensar igual; significa escucharnos, concertar y construir sobre nuestras diferencias», dijo la ministra, que pidió decisiones con sustento técnico y jurídico.
El Ministerio del Trabajo publicó la nota de prensa sobre la primera sesión de la Comisión de Concertación.
El Ministerio propuso además que la Comisión deje de reunirse solo para la discusión anual del salario mínimo y se convierta en un espacio permanente de concertación sobre los asuntos laborales del país. Es la misma instancia en la que, antes de diciembre, deberá negociarse el aumento para 2027.
Ese debate arranca después del alza de 23,7 % que el Gobierno anterior decretó para 2026, cuestionada por los gremios. El presidente De la Espriella ha dicho que el próximo incremento debe proteger el poder adquisitivo de los trabajadores sin alejarse demasiado de la inflación, por el efecto que tendría sobre los costos de las empresas y el empleo formal.
