Congreso tumba objeciones de De la Espriella a la ley del mérito
Tras el Senado, la Cámara negó con 130 votos las objeciones del presidente al proyecto que prohíbe bajar requisitos para cargos públicos. Ahora decide la Corte Constitucional.
La Cámara de Representantes rechazó este miércoles 23 de septiembre, con 130 votos, las objeciones del presidente Abelardo de la Espriella al proyecto que prohíbe disminuir los requisitos para acceder a cargos públicos. Con esa votación el Congreso completó su insistencia en la llamada ley del mérito, impulsada por el senador Hernán Cadavid, del Centro Democrático.
La Cámara se sumó así al Senado, que el martes 22 de septiembre aprobó con 78 votos a favor y 4 en contra el informe que negaba las objeciones. Los únicos votos en contra fueron de cuatro senadores del Pacto Histórico: Laura Ahumada, Pedro Flórez, Ferney Silva y Yany Isabel Contreras.
El proyecto, radicado como 056 de 2024 Cámara y 345 de 2024 Senado, busca impedir que las entidades del Estado modifiquen sus manuales de funciones para flexibilizar las condiciones exigidas en los cargos directivos. El Gobierno lo había devuelto sin sanción en agosto, por razones de inconstitucionalidad e inconveniencia: sostuvo que invadía competencias del Ejecutivo y que una ley no puede prohibir hacia el futuro la reducción de requisitos, lo que calificó como una «petrificación legislativa».
La comisión que estudió las objeciones solo aceptó ajustar el título de la iniciativa y recomendó rechazar las demás. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, dijo que su cartera llegó a consensos con Cadavid sobre ese informe. «Eso había sido dialogado y concertado con el gobierno nacional, cuando se hablan las cosas salen adelante», afirmó tras reunirse con la bancada del Centro Democrático.
Cadavid celebró el resultado como un respaldo que va más allá de los partidos. «Nos permita hacernos un propósito general: que en la administración pública estén siempre los mejores», dijo el senador, autor del proyecto.
Como el Congreso insistió frente a objeciones por inconstitucionalidad, el texto pasa ahora a la Corte Constitucional, que decidirá de manera definitiva sobre los reparos del Ejecutivo. Si el alto tribunal avala el articulado, el presidente deberá sancionar la ley; si no lo hace, le corresponderá al presidente del Congreso.
