Consejo de Política Criminal avala el estatuto antiterrorista
El proyecto del Gobierno de Abelardo de la Espriella obtuvo unos 11 votos a favor y tres en contra: la Corte Suprema, la Defensoría del Pueblo y el Pacto Histórico. Será radicado en el Congreso la próxima semana.
El Consejo Superior de Política Criminal le dio concepto favorable al estatuto antiterrorista del Gobierno de Abelardo de la Espriella. En una sesión a puerta cerrada este jueves, el proyecto obtuvo unos 11 votos a favor y tres en contra, los de la Corte Suprema de Justicia, la Defensoría del Pueblo y el Pacto Histórico, con lo que supera su primer filtro institucional antes de llegar al Congreso.
El ministro del Interior, Rodrigo Lara, anunció el resultado este viernes y aseguró que el aval «muestra la solidez y las garantías que contempla este estatuto». El proyecto pasará en los próximos días a la Secretaría Jurídica de la Presidencia y será radicado en el Congreso la próxima semana, donde, por tratarse de una ley estatutaria, necesitará mayorías calificadas.
«No es un estatuto arbitrario: no se va a perseguir a políticos que piensen distinto, como dicen falsamente en las narrativas de ciertos sectores. Esto busca actuar en contra de quienes emplean la violencia, el miedo y la zozobra contra el Estado, los colombianos y la infraestructura estratégica.»
Las garantías de las que habla el ministro son justamente lo que cuestionaron quienes votaron en contra. El presidente de la Corte Suprema objetó la lista para identificar organizaciones terroristas y la creación de un alto comisionado que, a su juicio, podría invadir funciones judiciales; la defensora del Pueblo, Iris Marín, sostuvo que delitos como el reclutamiento forzado no deberían tratarse como terrorismo, y la representante del Pacto Histórico, Paola Andrea Quiñónez, advirtió sobre posibles violaciones de derechos humanos.
El estatuto clasifica como organizaciones narcoterroristas a las estructuras armadas que usen el terror, la extorsión, el secuestro o la violencia, sin distinguir si tienen fines ideológicos o económicos. Además, permite al Consejo de Seguridad Nacional bloquear cuentas, congelar activos y retirar la personería jurídica en 24 horas, agiliza la extinción de dominio y endurece las penas por sabotajes contra redes de energía, acueductos, vías, puertos y transporte público, un paquete que ahora queda en manos del Congreso.
