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sábado, 17 de octubre de 2026

Medellín30 de septiembre de 2026Actualizado el 1 de octubre a las 06:09 a. m.

Contraloría halla daño de $10.944 millones en el lote Aguas Vivas

El predio se valorizó mientras fue del Distrito y esa diferencia no se le reconoció a Medellín al devolverlo a los particulares en 2023. El informe pasa a responsabilidad fiscal.

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El exalcalde de Medellín Daniel Quintero, imputado en el proceso penal por Aguas Vivas
Foto: Infobae

La Contraloría Distrital de Medellín estableció un daño patrimonial de $10.944.242.769 en el caso del lote Aguas Vivas. Según el ente de control, el predio se valorizó en esa suma mientras fue propiedad del Distrito, y la diferencia no se le reconoció a la ciudad cuando el terreno volvió a manos de sus antiguos dueños.

Ese cálculo parte de dos avalúos: el lote valía $52.102 millones cuando entró al patrimonio del Distrito, en diciembre de 2019, y $63.046 millones en febrero de 2023, cuando salió del inventario público. El terreno, de 146.686 metros cuadrados entre Las Palmas y Rionegro, había sido cedido gratis por sus dueños como compensación de obligaciones urbanísticas futuras.

La devolución se originó en la Resolución 202250110923 del 26 de octubre de 2022, que terminó de forma unilateral el contrato de cesión gratuita; su inscripción en el registro, en febrero de 2023, materializó el regreso del predio a los particulares. Antes, el Tribunal Administrativo de Antioquia había dejado sin efecto una conciliación en la que la administración aceptaba pagarles a los antiguos dueños más de $40.000 millones.

La Contraloría aclaró que su hallazgo no declara responsables. «La determinación del daño patrimonial no constituye una declaratoria de responsabilidad», señaló el organismo, que trasladará el informe y sus pruebas a la Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva.

Esa vía fiscal corre en paralelo al proceso penal, en el que la Fiscalía imputó a trece personas, entre ellas el exalcalde Daniel Quintero, por presunto peculado y prevaricato, en parte por el decreto de mayo de 2023 que redujo las restricciones de uso del predio. En julio, la jueza del caso declaró la nulidad de esa imputación, pero el proceso sigue abierto.

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