Corte insiste en un régimen disciplinario para los elegidos por voto
En la sentencia T-246 de 2026, la Corte Constitucional volvió a pedir al Congreso un estatuto especial para alcaldes, gobernadores, concejales y congresistas, y dejó en firme sanciones de la Procuraduría contra diez exfuncionarios.
La Corte Constitucional volvió a pedir al Congreso que tramite con prioridad un estatuto especial para los servidores públicos elegidos por voto popular, con reglas propias sobre faltas, procedimientos y sanciones disciplinarias. El llamado, conocido este jueves, quedó en la sentencia T-246 de 2026.
El exhorto cobija a alcaldes, gobernadores, diputados, concejales y congresistas. Según el alto tribunal, ese régimen debe garantizar sus derechos políticos y electorales conforme a la Constitución y a los estándares internacionales, en especial los de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y definir quién puede imponer sanciones de destitución, suspensión e inhabilidad. La Corte ya había hecho la misma petición en 2023, en la sentencia C-030.
La decisión resolvió una tutela de la Procuraduría contra fallos de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que habían dejado sin efecto sanciones disciplinarias contra diez servidores elegidos por voto popular, entre ellos el fallecido exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández y la exconcejal de Bogotá Sandra Jaramillo. Ese tribunal había aplicado el estándar de la Corte Interamericana en el caso Petro Urrego contra Colombia, según el cual una autoridad administrativa no puede restringir los derechos políticos de un funcionario electo.
La Sala Sexta de Revisión, presidida por el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, concluyó que el Consejo de Estado aplicó ese criterio de forma retroactiva, porque cuando se impusieron las sanciones existía un precedente constitucional que reconocía la competencia de la Procuraduría. Por eso, la legalidad de esos actos debe medirse con las normas vigentes en su momento, y la Corte mantuvo las decisiones posteriores que dejaron en firme las sanciones.
En el mismo fallo, la Corte recordó que todas las autoridades deben aplicar las reglas de la sentencia C-030 sobre la intervención de los jueces en las sanciones que afectan derechos políticos y pidió a los despachos judiciales garantizar un acceso oportuno a la justicia cuando se controviertan esas decisiones. Queda ahora en manos del Congreso expedir el estatuto que el alto tribunal reclama desde hace tres años.
