La Corte Suprema de EE. UU. revisará la detención sin fianza de Trump
El tribunal aceptó estudiar si el Gobierno puede mantener presos, sin audiencia de fianza, a los inmigrantes que entraron sin papeles mientras avanzan sus procesos de deportación. El fallo llegaría antes de que termine junio.
La Corte Suprema de Estados Unidos aceptó este jueves revisar la legalidad de la política con la que el Gobierno de Donald Trump mantiene detenidos, sin derecho a una audiencia de fianza, a los inmigrantes que entraron al país sin autorización mientras se resuelven sus procesos de deportación, que pueden tardar años.
La regla nació de una directriz de julio de 2025 que rompió con décadas de práctica: hasta entonces, muchos inmigrantes podían quedar en libertad bajo fianza mientras esperaban la decisión de un juez. El Gobierno aplica ahora una norma federal de detención obligatoria a cualquier persona que considere ingresada de manera ilegal, sin importar dónde viva ni cuánto tiempo lleve en el país, cuando administraciones anteriores la reservaban para quienes eran capturados cerca de la frontera.
El caso que llegará a los magistrados es el de Ricardo Aparecido Barbosa da Cunha, un brasileño que vive en Estados Unidos desde mediados de la década de 2000, nunca ha sido condenado por un delito y fue detenido en septiembre de 2025 durante un control de tránsito en Norwood, Massachusetts, cuando iba a trabajar. Un juez federal ordenó liberarlo y el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito, con sede en Nueva York, confirmó esa decisión.
La mayoría de los tribunales de apelaciones ha fallado contra la detención sin fianza, pero los circuitos Quinto y Octavo le dieron la razón al Gobierno, que pidió a la Corte zanjar lo que llamó un «mosaico inviable» de criterios en la aplicación de las leyes migratorias. El procurador general, D. John Sauer, defendió que la medida elimina un «incentivo perverso» que favorecía a quienes evadían a las autoridades al cruzar la frontera.
«Por más que lo intente, el Gobierno no puede torcer la ley para detener a inmigrantes durante meses o incluso años sin una audiencia de fianza. No solo es cruel e inhumano: es ilegal.»
Los magistrados descartaron, en cambio, estudiar la pregunta más amplia de si la política viola las garantías constitucionales del debido proceso. El caso fue uno de los tres que el tribunal admitió antes de abrir, el lunes 5 de octubre, su nuevo periodo de sesiones, y la decisión, que podría afectar a millones de inmigrantes, deberá conocerse a más tardar a finales de junio.
