De La Espriella anuncia el paquete de reconstrucción

El presidente Abelardo De La Espriella se dirigió al país la noche del lunes 17 de agosto para presentar el paquete de medidas con el que el Gobierno atenderá la reconstrucción tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el occidente de Colombia el 10 de agosto. El plan combina la declaratoria de emergencia económica, la creación del Fondo Milagro, subsidios de arrendamiento, alivios en las facturas de servicios públicos y soluciones de vivienda nueva y de mejoramiento.

Las medidas apuntan a un universo de damnificados que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres tiene registrado en más de 120.000 familias en Chocó, Quindío, Risaralda, Caldas y Valle del Cauca. Para esos hogares el anuncio define de dónde saldrá la plata y qué ayuda pueden esperar: un auxilio para pagar arriendo mientras se levanta lo destruido, un alivio en los cobros de energía, agua y gas, y un subsidio para reconstruir o reparar la casa.

La pieza central del esquema es el Fondo Milagro, una bolsa única que concentrará los recursos destinados a la reconstrucción y canalizará tanto los aportes nacionales como la cooperación internacional. La figura jurídica que lo hace posible es el estado de emergencia económica, social y ecológica, que le permite al Ejecutivo expedir decretos con fuerza de ley para mover partidas y crear instrumentos financieros sin pasar por el trámite ordinario en el Congreso.

El primer anuncio sobre la emergencia y el fondo se hizo el 12 de agosto desde el Palacio de San Carlos, en Bogotá, dos días después del sismo. La alocución del lunes 17 desarrolló ese anuncio y le puso contenido: los tres frentes de ayuda directa a los hogares y el llamado a que el costo de la reconstrucción no lo asuma solo el presupuesto nacional.

Ese llamado apunta a los privados. De La Espriella convocó a empresarios, constructores, entidades financieras, aseguradoras, gobernadores y alcaldes a sumar recursos y capacidad de ejecución. El sector asegurador y el bancario son claves en dos puntos: la liquidación de las pólizas de los inmuebles afectados y el manejo de las deudas de familias que perdieron vivienda o empleo.

La respuesta internacional ya tiene una cifra: la Cancillería reportó la llegada de 222,5 toneladas de ayuda humanitaria enviada por otros países, entre equipos de rescate, insumos médicos, carpas y alimentos. Parte de esa cooperación se canalizará ahora a través del nuevo fondo.

El balance de víctimas, mientras tanto, sigue abierto. La UNGRD reporta 285 personas fallecidas y un número de heridos que se actualiza a medida que avanzan los censos municipales; durante los primeros días los equipos de socorro trabajaron en la búsqueda de sobrevivientes en un edificio colapsado en Pereira, uno de los puntos más críticos. La cifra definitiva dependerá del cierre de los reportes locales y de la verificación de las personas aún no localizadas.

El sismo golpeó al país en la segunda semana del nuevo gobierno —De La Espriella se posesionó el 7 de agosto en Cali para el periodo 2026-2030—, de modo que la emergencia y la reconstrucción son, en la práctica, el primer asunto de fondo de su administración.

El paso siguiente es la expedición de los decretos que dan vida al estado de excepción, al Fondo Milagro y a los subsidios anunciados. Todo estado de emergencia económica pasa por el control automático de la Corte Constitucional, que revisa si los hechos justifican la declaratoria y si cada decreto guarda relación directa con la crisis, y ese examen define hasta dónde puede llegar el Gobierno con los recursos y las facultades que se atribuyó.

En paralelo, las alcaldías y gobernaciones de los cinco departamentos deben terminar los censos de damnificados y los estudios de habitabilidad, que son el filtro para acceder a los auxilios de arriendo y a los subsidios de vivienda.