De la Espriella pide seis meses de facultades para suprimir ministerios
La Ley de Rescate le daría al presidente poderes extraordinarios para suprimir, fusionar o escindir ministerios, superintendencias y agencias, y para eliminar cargos en las entidades nacionales.
El presidente Abelardo de la Espriella pidió al Congreso facultades extraordinarias por seis meses para suprimir, fusionar o escindir ministerios y departamentos administrativos sin tramitar una ley para cada cambio. La solicitud está en el artículo 7 de la Ley de Rescate Económico, que el Gobierno radicó este jueves en la Cámara de Representantes.
Esos poderes alcanzarían también a superintendencias, unidades administrativas especiales, agencias y establecimientos públicos del orden nacional. Con ellos, el presidente podría cambiar su nombre, objetivos, estructura y naturaleza jurídica, redistribuir competencias y hasta crear nuevas entidades cuando sea necesario para cumplir las funciones de las que desaparezcan o se fusionen.
El punto más sensible es el empleo público. El texto autoriza modificar las plantas de personal y suprimir cargos y vacantes, aunque obliga a respetar los derechos de los funcionarios: los de carrera administrativa tendrían derecho preferente a un cargo equivalente y, si no lo hay, a la reincorporación o a una indemnización. También permitiría centralizar en servicios compartidos áreas como talento humano, tecnología, defensa jurídica y contratación.
La reorganización hace parte del paquete de austeridad de la misma ley, que propone recortar a la mitad en 2027 el gasto en contratos de prestación de servicios y bajar 20 % nominal la nómina de las entidades en 2028, sin contar a la Fuerza Pública. El Gobierno sostiene que el objetivo es eliminar funciones duplicadas y reducir los gastos de funcionamiento.
Las facultades tendrían límites: no podrían usarse para expedir códigos, leyes estatutarias u orgánicas ni para crear impuestos. Una comisión de seguimiento con congresistas y funcionarios vigilaría su uso, y el Ejecutivo tendría tres meses, tras su vencimiento, para informar qué entidades reorganizó, cuántos empleos eliminó y cuánto ahorró. Antes, el Congreso tendrá que decidir si la autorización cumple los requisitos de precisión y temporalidad que la Constitución exige.
