EE. UU. mantiene a Colombia en el nivel 2 de su informe sobre trata

El Departamento de Estado de Estados Unidos mantuvo a Colombia en el nivel 2 de su Informe sobre Trata de Personas 2026, conocido este jueves. La clasificación significa que el país no cumple plenamente los estándares mínimos para eliminar ese delito, aunque hace esfuerzos significativos para combatirlo. La evaluación cubre en su mayor parte el último tramo del gobierno de Gustavo Petro.

Entre los avances, el informe reconoce que las autoridades identificaron 435 posibles víctimas en 2025, frente a 400 el año anterior; que reforzaron la cooperación con otros gobiernos en investigaciones y repatriaciones; que aumentaron los recursos para prevención, y que adoptaron medidas para usar testimonios pregrabados de niños víctimas en los procesos judiciales.

Esos logros contrastan con la caída de los resultados judiciales. La Fiscalía reportó 419 investigaciones por casos sospechosos, frente a 429 en 2024; se procesó a 11 sospechosos por trata sexual y los jueces condenaron a nueve tratantes, cifras inferiores a las del año previo. Por octavo año consecutivo no llegó a juicio ningún caso de trata laboral, pese a que hubo víctimas identificadas e investigaciones abiertas en varios sectores económicos.

La alerta más grave tiene que ver con el reclutamiento de niños por parte de grupos armados ilegales. Según el documento, más de la mitad de los cerca de 3.300 nuevos reclutas que se sumaron a esas organizaciones entre diciembre de 2024 y julio de 2025 eran menores de edad, y en el Catatumbo los casos de reclutamiento y utilización de niños habrían crecido 700 %. Antioquia, Cauca, Chocó, Norte de Santander y Valle del Cauca figuran entre los departamentos donde los menores son más vulnerables.

Washington también señaló que el Estado colombiano no reportó nuevos procesamientos ni condenas contra servidores públicos presuntamente cómplices de redes de trata, y que la asistencia a las víctimas sigue siendo insuficiente, sobre todo para los adultos y para quienes sufrieron explotación laboral. El reto, concluye la evaluación, es convertir los esfuerzos institucionales en más investigaciones, condenas y protección efectiva.