EE. UU. niega por segundo año la visa a Abás para ir a la ONU
El Departamento de Estado extendió las sanciones que impiden viajar a Nueva York a funcionarios de la Autoridad Palestina y de la OLP, incluido su presidente, antes de la Asamblea General.
El Gobierno de Estados Unidos negó por segundo año consecutivo la visa al presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, y a una delegación de alto nivel que pretendía viajar a Nueva York para la reunión de líderes de la Asamblea General de las Naciones Unidas de la próxima semana. El Departamento de Estado anunció la decisión este miércoles 16 de septiembre.
«Como consecuencia de su falta de reformas, contraria a sus compromisos con Estados Unidos, y de sus actividades que socavan las perspectivas de paz, Estados Unidos extenderá las sanciones que niegan visas a miembros de la OLP y funcionarios de la Autoridad Palestina», señaló el Departamento de Estado. Washington reprocha a la Autoridad Palestina acudir a la Corte Internacional de Justicia y a la Corte Penal Internacional contra Israel y seguir pagando subsidios a familias de presos condenados por ataques contra israelíes.
La restricción no deja a los palestinos sin voz en el encuentro. Estarán representados por los diplomáticos ya acreditados ante la ONU, y la misión palestina conservará una exención que le permite seguir operando en Nueva York. Se espera que la Asamblea General vote de nuevo para que Abás pueda intervenir por video, el mecanismo que se usó el año pasado.
El Ministerio de Relaciones Exteriores palestino respondió este jueves que se trata de «una medida injustificada que va en contra de los esfuerzos por reconstruir la confianza, desarrollar las relaciones palestino-estadounidenses y crear el clima político necesario para aplicar la solución de dos Estados».
La negativa llega en un momento sensible: en 2025 Francia, el Reino Unido, Canadá, Australia, Bélgica, Portugal, Luxemburgo y Malta reconocieron al Estado de Palestina, y cuatro de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad ya lo reconocen. Cuando Washington impuso la misma restricción el año pasado, gobiernos europeos y expertos de la ONU en derechos humanos la criticaron por contrariar la obligación del país anfitrión de permitir la llegada de los invitados a la sede de la organización.
