El procurador peleará contra el plan de sacarlo de lo penal
Gregorio Eljach dijo que la iniciativa del Ministerio de Justicia ya casi va al Congreso; lo advirtió al firmar la política de inteligencia artificial de la entidad.
El procurador general, Gregorio Eljach, anunció que dará una “batalla jurídica y política” para impedir que le quiten a la Procuraduría la intervención judicial en los procesos penales, una propuesta que, según dijo, ya está casi lista para llegar al Congreso. Es el primer choque abierto entre el órgano de control y las iniciativas que prepara la Casa de Nariño.
La figura que está en juego son los procuradores judiciales, los funcionarios que intervienen en los procesos penales en representación de la sociedad. La iniciativa, impulsada por el ministro de Justicia, Iván Cancino, busca “quitarle a la Procuraduría todo el recurso humano y la función de intervención judicial en lo penal” y trasladar esa responsabilidad, en palabras del procurador, “a la burocracia de la rama judicial”.
Detrás de la propuesta hay una percepción sobre el trabajo de esos funcionarios que Eljach considera equivocada: que sus delegados se limitan a respaldar lo que dice la Fiscalía. El procurador contó que un ministro se lo dijo en su despacho la semana anterior. “Gregorio, la palabra más cara en el sistema judicial que atiende la Procuraduría es una sola: coadyuvo. Punto”, le habría dicho.
Eljach respondió que esa lectura no justifica suprimir la función. “Hay razones no solamente filosóficas, éticas, históricas, sino también jurídicas, para defender que esto continúe como viene. Porque no puede ser que por una percepción negativa, equivocada, errónea, del ejercicio de una función de unos servidores públicos abnegados y muy calificados, se quiera cercenar, como si quitando la gente se va a solucionar el problema”, afirmó.
La discusión no es nueva: en distintos gobiernos se ha planteado retirarle esa competencia al órgano de control, sin que llegara a concretarse. Por ahora no se conocen las posturas oficiales de la fiscal general, Luz Adriana Camargo, ni de la Sala Penal de la Corte Suprema.
La advertencia la hizo el 3 de septiembre, durante la presentación y firma de la política para el uso responsable de la inteligencia artificial en la Procuraduría, con la que la entidad fija los lineamientos para orientar el empleo de esas herramientas, impulsar su implementación y garantizar su supervisión.
Al presentarla, Eljach sostuvo que la tecnología debe sacar a la entidad del “atraso institucional” y que ya cuenta con lo necesario para aplicarla. “La inteligencia artificial no es un lujo, es una necesidad, es un imperativo”, dijo, y encargó a la Universidad del Ministerio Público la formación de los funcionarios.
