La explotación de oro de aluvión crece a 118.410 hectáreas en 2025
La explotación creció 4,5 % en 2025 y la parte ilícita, 10 %. Chocó, Antioquia y Bolívar concentran el 82 % y el 85,6 % de los municipios tiene grupos armados.
La superficie de Colombia con evidencias de explotación de oro de aluvión llegó a 118.410 hectáreas en 2025, un 4,5 % más que las 113.310 de 2024, según el informe anual de monitoreo del Ministerio de Minas y Energía y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc). Es el tercer año seguido de aumento, después de las bajas de 2021 y 2022.
La mayor parte de esa área está por fuera de la ley. El 75 % corresponde a explotación ilícita, el 21 % tiene permisos técnicos o ambientales y el 4 % está en tránsito a la legalidad. Eso deja unas 88.800 hectáreas explotadas sin ningún marco legal, una porción que creció un 10 % en el último año, más del doble que el área total.
Esa minería ilícita se concentra en tres departamentos, que suman el 82 %: Chocó, con 41.493 hectáreas; Antioquia, con 24.282, y Bolívar, con 7.222. Diez municipios reúnen más de la mitad: Nóvita, El Cantón de San Pablo, Río Quito, Istmina y Quibdó, en Chocó; Cáceres, Nechí, El Bagre y Zaragoza, en Antioquia, y Ayapel, en Córdoba. Los territorios colectivos de comunidades negras concentran el 45 % de la explotación nacional, y casi la mitad de toda el área, 58.216 hectáreas, está en zonas donde la minería está prohibida, sobre todo en la Reserva Forestal del Pacífico.
El oro se cruza además con la guerra. El 85,6 % de los municipios con explotación de aluvión tiene presencia de al menos un grupo armado ilegal, y 79 de ellos también tenían cultivos de coca en 2024, principalmente en Antioquia, Nariño, Cauca y Chocó. Dentro de los Parques Nacionales Naturales, la explotación en tierra aumentó un 153 % entre 2023 y 2025.
«Aquí no hay un debate sobre la minería: hay una confrontación entre el Estado y las economías criminales que usan el oro para financiar la violencia», dijo la ministra de Minas, María Nohemí Arboleda, que anunció una respuesta en tres frentes, empezando por formalizar a quienes tengan vocación de legalidad. Amado Philip de Andrés, representante regional de la Unodc, pidió que la evidencia del monitoreo «se traduzca en decisiones y acciones focalizadas en los territorios».
