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sábado, 17 de octubre de 2026

Medellín5 de octubre de 2026Actualizado el 5 de octubre a las 09:15 p. m.

Fiscalía pide cárcel para Miguel Quintero y no casa por cárcel

En la sustentación de la apelación, la Fiscalía dijo que la detención domiciliaria no frena la red de presunta corrupción del Área Metropolitana; el Amva pidió además cárcel para Sebastián Ortega.

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Miguel Quintero y Sebastián Ortega, procesados por presunta corrupción en el Área Metropolitana
Foto: El Colombiano

La Fiscalía sustentó este lunes 5 de octubre la apelación contra la casa por cárcel que un juez de Medellín le concedió a Miguel Quintero Calle, hermano del exalcalde Daniel Quintero, por la presunta red de corrupción entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y los Bomberos Voluntarios de Itagüí. Para la fiscal del caso, la detención domiciliaria «carece de idoneidad y necesidad» para proteger a la sociedad.

El argumento central fue que el esquema que se le imputa nunca necesitó su presencia física: según la Fiscalía, funcionó por llamadas, chats de WhatsApp e intermediarios, y Quintero era identificado en grupos de mensajería como «Mr. M» o «nuestro jefe». La fiscal añadió que la decisión incumple el artículo 314 del Código de Procedimiento Penal, que prohíbe la detención domiciliaria por peculado por apropiación cuando la cuantía supera los 50 salarios mínimos.

«La detención domiciliaria restringe únicamente la libertad de locomoción y deja intactos los dos medios con los que se materializó la conducta.»
Fiscal delegada del caso

El apoderado del Área Metropolitana, como víctima, pidió además revocar la libertad de Sebastián Ortega Urán, señalado como receptor directo de las coimas, y enviarlo a prisión. Sostuvo que Ortega y Quintero habrían presionado por medio de emisarios a testigos clave como Misael Cadavid, exgerente de los bomberos de Itagüí. Las defensas de ambos pidieron confirmar las medidas del juez de primera instancia.

Los cargos se derivan de seis convenios por $17.656 millones, de los que se habrían desviado $2.481 millones en coimas; a Quintero le habrían correspondido $1.653 millones. Ahora un juez de circuito deberá decidir si confirma o revoca la casa por cárcel y la libertad de Ortega, en un plazo legal de diez días hábiles que en la práctica suele extenderse uno o dos meses.

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