Fiscalía había pedido no llevar a Olmedo López y Pinilla a una cárcel
Tres semanas antes del traslado a La Picota, una fiscal delegada ante la Corte Suprema pidió mantener en guarniciones militares a los dos testigos clave del caso UNGRD por riesgo para su vida.
La Fiscalía había pedido por escrito que Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirector y exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), no fueran sacados de los centros de reclusión militar donde estaban, por el riesgo que corren como testigos clave del escándalo de corrupción de esa entidad. Pese a esa solicitud, ambos fueron trasladados el 6 de octubre a la cárcel La Picota, en Bogotá.
La petición la firmó el 16 de septiembre la fiscal María Cristina Patiño González, de la Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, y fue dirigida al teniente coronel Raúl Llano, director de Centros de Reclusión Militar. En ella recordó que la reclusión en guarniciones había sido ordenada por un juez constitucional tras evaluar las amenazas contra los dos exfuncionarios.
«Los señores Sneyder Augusto Pinilla Álvarez y Olmedo de Jesús López Martínez no sean trasladados de sus centros de Reclusión Militar, dado que fueron ordenadas por un juez constitucional al evaluar las situaciones de riesgo en contra de sus integridades físicas y seguridad personal, situación que se agrava al ser testigos de cargo de la Fiscalía General de la Nación.»
Los dos tienen acuerdos de principio de oportunidad con la Fiscalía desde agosto de 2025, renovados en agosto de este año, y sus declaraciones comprometen a 23 personas, entre ellas altos funcionarios, contratistas e intermediarios. López estaba recluido en el Cantón Militar Coronel Francisco José de Caldas y Pinilla, en un batallón de artillería en Usme.
El traslado lo ordenó el presidente Abelardo de la Espriella, que lo celebró en redes sociales con un «di la orden y hoy se cumplió». La revelación de la solicitud de la Fiscalía abre ahora la pregunta por la seguridad de dos testigos de los que depende buena parte del proceso más grande de corrupción del anterior Gobierno.
