La Fiscalía reactiva las órdenes de captura contra Calarcá
La resolución firmada por la fiscal Luz Adriana Camargo levanta la suspensión que cubría a jefes de las disidencias de las Farc, de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y de las Autodefensas de la Sierra Nevada.

La Fiscalía General de la Nación reactivó las órdenes de captura contra cabecillas e integrantes de varios grupos armados ilegales que estaban suspendidas mientras duraron los procesos de negociación. La resolución la firmó la fiscal general, Luz Adriana Camargo, y se conoció este martes.
La decisión se apoya en las resoluciones que la Presidencia expidió el 28 de agosto para desmontar formalmente esos espacios. Con la 343 se dio por terminada la mesa con el autodenominado Estado Mayor de Bloques y Frentes, y con otra de la misma fecha se revocó la designación de los miembros representantes de ese grupo, el requisito que mantenía congeladas las capturas.
Entre los cobijados por el levantamiento están Alexander Díaz, alias Calarcá, y los señalados cabecillas del frente 33: Javier Alonso Velosa García, alias Jhon Mechas; Carlos Eduardo García Téllez, alias Andrey; y Farby Edison Parra Parra, alias Richard. Todos habían sido nombrados gestores de paz durante el gobierno de Gustavo Petro.
El alcance de la resolución llega también a la autodenominada Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, antes conocida como Segunda Marquetalia, cuyos integrantes con la ejecución suspendida eran José Vicente Lesmes, Luis André Figueroa Marín, Allende Perilla Sandoval, José Darley Malagón Jiménez, Henry Quiñones Angulo y Geovanny Andrés Rojas.
El tercer bloque de nombres corresponde a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, conocidas como los Pachenca, con las que se adelantaba una conversación sociojurídica para verificar su voluntad de someterse a la justicia. Allí quedaron habilitadas las capturas de Orlando Pérez Ortega, José Luis Pérez Villanueva, Loryin Emilio Pertuz Ballestas, Elmer David Reyes Carrillo, Jhon Rafael Salazar Salcedo y Daniel Bravo Arias.
No todas las órdenes relacionadas con estas estructuras cambiaron de estado con la resolución. Algunas seguían activas desde antes de la decisión presidencial y otras están atadas a procesos de extradición que corren por separado.


