Gobierno expide por decreto el presupuesto 2027 de $634,9 billones
El Decreto 1599 fija el presupuesto del próximo año después de que Senado y Cámara no conciliaran el proyecto. El mismo día, otro decreto recortó $13,8 billones al gasto de este año.
El presidente Abelardo de la Espriella firmó este jueves el Decreto 1599 de 2026, con el que quedó expedido el Presupuesto General de la Nación para 2027 por $634,9 billones. El Gobierno acudió al artículo 348 de la Constitución y al artículo 59 del Estatuto Orgánico del Presupuesto porque el Senado y la Cámara aprobaron textos distintos del proyecto y no alcanzaron a conciliarlos antes de la medianoche del 20 de octubre, cuando vencía el plazo.
La diferencia que frustró el trámite estuvo en el artículo 65, que regula las operaciones de cobertura fiscal y el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles: el Senado retiró una modificación que la Cámara sí aprobó. El vicepresidente José Manuel Restrepo y el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, sostuvieron que el proyecto no fue negado, sino que su trámite se vio afectado por un error legislativo.
Del total, $391,38 billones irán a funcionamiento, $155,43 billones al servicio de la deuda, cerca del 24,5 %, y $88,14 billones a inversión. Educación encabeza los sectores con $93 billones, seguida de Salud y Protección Social, con $81,56 billones tras recibir $2 billones adicionales; Defensa y Policía, con $74,90 billones, y Trabajo, con $67,42 billones. Transporte tendrá $21,67 billones y Minas y Energía, $7,51 billones.
«Este presupuesto que decretamos recoge el esfuerzo de verdad y de ajuste fiscal que hoy necesita el país.»
Ese ajuste empezó por el gasto de este año. El mismo jueves el Gobierno expidió el Decreto 1585, que reduce en $13,8 billones los ingresos y gastos del presupuesto vigente porque, según Hacienda, los recursos disponibles resultaron insuficientes para cubrir lo aprobado. El tijeretazo suma $3 billones en funcionamiento, $4 billones en servicio de la deuda y $6,8 billones en contratación que no se ejecutaría o no responde a prioridades nacionales, y alcanza a entidades como Invías, la ANI, la Aerocivil, el ICBF, Prosperidad Social y la Unidad para las Víctimas.
Las entidades afectadas tienen tres días para informar a Hacienda qué rubros absorberán la reducción. El presidente advirtió que el recorte es apenas el primero: «¡Y esto apenas comienza! Continuaré tomando decisiones para reducir el gasto, eliminar los despilfarros y poner en orden las finanzas públicas».
