Gobierno fija topes a contratistas y cargos de libre nombramiento en 2027
Una circular de Presidencia limita las nuevas contrataciones de prestación de servicios al 25 % de la línea base de 2025 y 2026, y la ocupación de cargos de libre nombramiento al 60 %.
El Gobierno de Abelardo de la Espriella ordenó a ministerios, departamentos administrativos y demás entidades destinatarias recortar la vinculación de contratistas y de funcionarios de libre nombramiento a partir del 1 de enero de 2027. Una circular del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), conocida este jueves, fija como tope para las nuevas contrataciones de prestación de servicios el 25 % de una línea base calculada con los contratos de 2025 y 2026, y limita la ocupación de los cargos de libre nombramiento y remoción al 60 % de los previstos en cada planta.
«Sobre dicha línea base, la programación de nuevas contrataciones se orientará a un máximo del veinticinco por ciento (25 %), aplicando el criterio de manera que no genere una base artificialmente superior ni permita duplicidades entre vigencias.»
Del cálculo de los cargos quedan por fuera los de ministro, viceministro, director y subdirector de departamento administrativo, además de los empleos cuya provisión sea obligatoria para funciones esenciales. Para todo lo demás, la circular advierte que una vacante o la existencia de recursos no bastan: cada entidad tendrá que demostrar una necesidad funcional, descartar duplicidades y medir el impacto presupuestal, y antes deberá evaluar la redistribución de cargas, la movilidad interna y la automatización de procesos.
Los topes admiten excepciones por obligaciones legales o judiciales, servicios esenciales, seguridad y protección, atención de emergencias, proyectos con financiación específica y compromisos internacionales. Cada una deberá justificarse por escrito, con su fundamento, su costo, su duración y la explicación de por qué el personal existente no puede atender esa necesidad.
El cumplimiento se vigilará con reportes trimestrales en los que cada sector informará su planta autorizada, el número y el valor de los contratos con personas naturales, las excepciones aprobadas y el ahorro estimado, bajo el seguimiento del Dapre. La medida se suma a la política de austeridad con la que el Ejecutivo busca reducir los gastos de funcionamiento mientras el Congreso discute el presupuesto de 2027.
