El Gobierno impugna el fallo que condicionó los bombardeos
Presidencia y los ministerios de Defensa, Justicia e Interior pidieron revocar las medidas del Juzgado 34 de Familia de Bogotá para los operativos en zonas donde puede haber menores de edad.
La Presidencia de la República y los ministerios de Defensa, Justicia e Interior impugnaron el fallo del Juzgado 34 de Familia de Bogotá que impuso condiciones reforzadas a los bombardeos militares cuando existan registros sobre la posible presencia de menores de edad. El recurso busca que el Tribunal Superior de Bogotá revise y revoque las medidas dictadas el 16 de septiembre.
Ese fallo no prohibió los bombardeos: los condicionó. Según su texto, la fuerza pública solo podrá adoptarlos una vez se verifique que se tomaron las precauciones necesarias y que no existe una alternativa operacional menos lesiva para alcanzar el objetivo militar.
«Hasta tanto se adopten y verifiquen las medidas de precaución y protección necesarias y se determine, conforme a la información disponible y a los protocolos operacionales aplicables, que no existe una alternativa operacional menos lesiva que permita alcanzar el objetivo militar legítimo perseguido.»
El argumento del Ejecutivo para tumbarlo es que esas exigencias ya están contempladas en los protocolos que aplican las Fuerzas Militares. Sostiene que la tropa cuenta con fuentes humanas y con herramientas tecnológicas de inteligencia que permiten identificar con anticipación quiénes se encuentran en los lugares que podrían ser objeto de un bombardeo, y que por eso las condiciones resultan innecesarias.
El expediente pasará ahora a la sala competente del Tribunal Superior de Bogotá, que deberá decidir si mantiene, modifica o revoca las medidas. El trámite podría tomar entre uno y dos meses, según la carga judicial, y después el caso aún podría llegar a la Corte Constitucional si es seleccionado para revisión.
La tutela que originó todo se presentó tras la muerte de menores de edad en bombardeos de las Fuerzas Militares contra campamentos de disidencias de las Farc en el Guaviare. Días atrás, el presidente Abelardo de la Espriella había cuestionado públicamente las decisiones judiciales que frenaron sus políticas de seguridad, entre ellas la que suspendió el plan piloto de aspersión aérea en el Putumayo.
