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sábado, 17 de octubre de 2026

Colombia24 de agosto de 2026Actualizado el 25 de agosto a las 01:28 p. m.

El Gobierno ordena deportar a los migrantes irregulares

Los operativos empiezan esta semana en Barranquilla y su área metropolitana, a cargo de Migración Colombia y la Policía. La prioridad son los extranjeros vinculados a delitos y luego los no regularizados.

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El presidente Abelardo de la Espriella, de gorra clara y camisa blanca, en la mesa de un consejo de seguridad junto a mandos militares
Foto: El Tiempo

El presidente Abelardo de la Espriella ordenó a Migración Colombia y a la Policía Metropolitana de Barranquilla iniciar operativos conjuntos para identificar y deportar a los extranjeros que estén en el país sin cumplir las condiciones migratorias. La instrucción la dio el domingo en un consejo de seguridad en esa ciudad y empieza a aplicarse esta semana.

Los operativos tienen dos prioridades y en ese orden: primero los extranjeros vinculados a delitos y después quienes no han regularizado su situación. «En el término de la distancia tendrán que ser deportados», dijo el presidente. «Es una orden presidencial que se debe empezar a cumplir esta misma semana».

La consigna con la que enmarcó la medida fue más amplia que el operativo: «No voy a aceptar migración ilegal. Primero los colombianos, segundo los colombianos y tercero los colombianos». La frase acompaña otras decisiones de seguridad anunciadas en el mismo consejo, entre ellas la creación de un bloque nacional contra la extorsión.

El universo sobre el que caen los operativos es conocido. En Colombia viven 2,84 millones de ciudadanos venezolanos, de los cuales el 82% tiene su situación migratoria en regla. Cerca de 500.000 permanecen en condición irregular.

Funcionarios de Migración Colombia han señalado que la entidad no tiene el personal suficiente para ejecutar lo anunciado. Especialistas en seguridad y migración han advertido, además, que la migración irregular y la criminalidad no son fenómenos equivalentes, y han propuesto combinar el control migratorio con la persecución del delito y la protección de los derechos de los migrantes.

Con esta orden, tomada a menos de veinte días de haber asumido, el Gobierno se aparta del rumbo que Colombia sostuvo durante casi una década frente a la diáspora venezolana, un enfoque que mantuvieron las tres administraciones anteriores.

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