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sábado, 17 de octubre de 2026

Colombia24 de agosto de 2026Actualizado el 24 de agosto a las 06:25 a. m.

Al menos 1.500 menores reclutados por grupos armados desde 2021

Human Rights Watch documentó el aumento a partir de datos de la Defensoría del Pueblo. Más de la mitad de los casos se concentran en Cauca y los reclutadores llegan a cobrar mil dólares por cada niño que entregan.

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Fila de combatientes de un grupo armado ilegal caminando por un camino rural con los rostros difuminados
Foto: Infobae

Al menos 1.500 niños, niñas y adolescentes han sido reclutados por grupos armados en Colombia desde 2021, según el recuento que Human Rights Watch hizo a partir de los registros de la Defensoría del Pueblo. Las cifras oficiales muestran un alza pronunciada desde 2023.

La organización advierte que ese número es un piso y no un techo: no existe un dato exhaustivo de todos los casos, y el subregistro es alto porque muchas familias no denuncian por miedo a represalias del grupo que se llevó al menor.

Más de la mitad de los casos documentados se concentran en Cauca, y las disidencias de las antiguas Farc aparecen vinculadas a la mayoría. El informe, de 124 páginas, se titula «Pensé que nunca volvería a ver a mi madre» y recoge testimonios de menores que lograron salir.

Lo que cambió en los últimos años es el método. El reclutamiento dejó de depender del contacto en la vereda y se trasladó a las redes sociales, donde los grupos ofrecen dinero, poder y prestigio a adolescentes que ven esas promesas en el mismo teléfono con el que hacen las tareas.

Detrás hay un negocio. La organización documentó que reclutadores civiles pueden recibir hasta mil dólares por cada menor que entregan, lo que convierte la captación en un oficio remunerado dentro de la cadena.

Los factores de riesgo que identifica el informe son los de siempre y siguen sin resolverse: pobreza, exclusión social, violencia intrafamiliar y barreras de acceso a la educación. Donde el Estado no llega con colegio ni con oportunidades, llega el reclutador.

Human Rights Watch pidió al presidente Abelardo de la Espriella adoptar una política integral de seguridad y justicia que ataque el fenómeno, y no solo respuestas militares en los territorios donde ya ocurrió el daño.

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