Imputan al exgobernador Mauricio Aguilar por un colegio en Suaita

La Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia imputó este miércoles 23 de septiembre al exgobernador de Santander Mauricio Aguilar Hurtado los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación, por presuntas irregularidades en la construcción de la nueva sede del colegio Lucas Caballero, en Suaita. Aguilar no aceptó los cargos y se declaró inocente.

Según la investigación, en marzo de 2021 el entonces gobernador autorizó la compra por 551 millones de pesos del predio destinado a la obra, pese a que tenía fuentes hídricas, bosque nativo y una servidumbre de redes eléctricas por 30 años. Un arquitecto de la Secretaría de Infraestructura había advertido sobre las dificultades del terreno.

El contrato, cuya firma delegó Aguilar, se suscribió el 7 de diciembre de 2022 por 15.280 millones de pesos. Para la Fiscalía, los estudios y diseños estaban incompletos, no contemplaban las licencias ambientales y el presupuesto no cubría todas las obras. En octubre de 2023 el contratista pidió una adición de 6.500 millones de pesos, que fue aprobada, y luego recibió un pago de 3.339 millones por el lote, trabajos preliminares y movimientos de tierra.

La obra fue suspendida en febrero de 2024 y, más de tres años después de firmado el contrato, solo registra movimientos de tierra. La Corporación Autónoma Regional de Santander ordenó detener la tala y la remoción de tierra al confirmar que el 38 % del proyecto quedaba dentro de la franja de reserva forestal protectora de las quebradas Chorreras e Inmaculada, por lo que lo construido tendría que ser demolido.

La Fiscalía calcula el detrimento patrimonial en 3.339 millones de pesos y sostiene que en el municipio ya existía una institución educativa con diez sedes adicionales, sin presupuesto previsto para una nueva planta docente ni estudiantes suficientes para justificar el proyecto.

Con los elementos de prueba recaudados, el ente acusador espera llevar al exmandatario a juicio. La Procuraduría, por su parte, ya había formulado pliego de cargos contra dos funcionarios que ejercieron la supervisión del contrato y contra el representante legal del consorcio interventor.