Ocho imputados por el crimen del profesor Kevin Santiago Ángel
La Fiscalía sostiene que el trabajo del docente con jóvenes de Kennedy chocó con los intereses de la estructura en el sur de Bogotá. Ninguno de los procesados aceptó los cargos.
La Fiscalía imputó a ocho presuntos integrantes del Tren de Aragua por el homicidio de Kevin Santiago Ángel Garzón, profesor de 31 años que desapareció el 20 de mayo tras salir de un gimnasio en la localidad de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá, y cuyo cuerpo desmembrado fue hallado un mes después. Ninguno de los procesados, todos ciudadanos venezolanos, aceptó los cargos.
La hipótesis del ente investigador es que lo mataron por su trabajo comunitario. El docente promovía actividades deportivas con jóvenes de la zona para alejarlos del consumo de drogas —su lema era «Más deporte, menos drogas»— y esa labor chocó con el control social que la estructura ejerce en el sur de la ciudad, donde también extorsiona a comerciantes, amenaza y comete homicidios selectivos.
La Fiscalía expuso el móvil que atribuye al crimen del docente.
La investigación, apoyada por la agencia estadounidense DEA con más de 80 actividades de policía judicial, estableció que el crimen se coordinó desde el exterior. Giovanny Vicente Mosquera Serrano, alias San Vicente, lo habría dirigido desde fuera del país, con un coordinador de misiones en Colombia conocido con el alias de Osmer. Según la Fiscalía, los procesados pidieron autorización para desmembrar el cuerpo.
Cada uno tenía un papel definido. Garcelis Nairobi, alias Emili, señalada como trabajadora sexual de la organización y campanera en Kennedy, se ganó la confianza del profesor y lo llevó hasta el apartamento donde ocurrió el crimen. Emiro Manuel Nieves, alias Mario Bros, se hizo pasar durante cuatro años por tendero de un fruver para identificar víctimas en el sector y prestó su casa para la tortura y el homicidio. Franyer Eduardo Vásquez, alias El Enano, vinculado como sicario desde comienzos de año, hacía labores de inteligencia sobre los objetivos. Mientras la víctima permanecía retenida, dos de ellos usaron su teléfono para hacer compras en un comercio de la zona.
Una fiscal de la Unidad Especial de Investigación les imputó homicidio, tortura, desaparición forzada y concierto para delinquir, todos con circunstancias de agravación punitiva, además de ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.
