Imputan al hermano de Daniel Quintero por contratos del Amva
Miguel Andrés Quintero Calle responde por peculado e interés indebido en seis contratos de bioseguridad por $17.656 millones firmados durante la pandemia. Ninguno de los cuatro procesados aceptó cargos.
La Fiscalía imputó este jueves a Miguel Andrés Quintero Calle, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, los delitos de peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos. La diligencia se surtió ante el Juzgado 27 Penal Municipal de Garantías de Medellín, en el cuarto intento de la justicia por concretarla después de tres aplazamientos.
En la misma audiencia fueron vinculados Álvaro Alonso Villada García, exsubdirector administrativo y financiero del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, y los contratistas Vanessa Álvarez Restrepo y Sebastián de Dios Ortega Urán. Ninguno de los cuatro aceptó los cargos.
El proceso se ocupa de seis contratos por 17.656 millones de pesos suscritos entre el Área Metropolitana y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí para la entrega de insumos de bioseguridad durante la pandemia. Según la fiscal del caso, existía un acuerdo para obtener una contraprestación equivalente al 15 % del valor total como requisito para que los contratos se adjudicaran a esa institución, usando la estructura administrativa de la entidad ambiental.
El papel que la Fiscalía atribuye a Quintero Calle no es el de firmar: sostiene que, sin vínculo formal ni competencia legal sobre los recursos públicos, «habría plantado la idea criminal» en funcionarios para favorecer a determinados contratistas. Se habría reunido con Misael Cadavid, representante legal del cuerpo de bomberos y hoy testigo principal del proceso, para acordar los cobros. Villada, por su parte, llegó a la subdirección financiera por recomendación del propio Quintero al entonces director del Área Metropolitana, Juan David Palacio, y una vez en el cargo coordinó los movimientos de personal y la firma de los documentos contractuales.
Entre los elementos de prueba figuran conversaciones de WhatsApp en las que Quintero Calle enviaba hojas de vida para que personas cercanas fueran vinculadas a la entidad, entre ellas dos exsubsecretarias de la Alcaldía de Medellín. El juez ordenó interrumpir la transmisión pública de la audiencia a petición de la defensa, de modo que la lectura de los hechos del peculado se hizo a puerta cerrada. La Fiscalía y la Alcaldía de Medellín, reconocida como víctima dentro del proceso, pedirán medida de aseguramiento intramural para los cuatro procesados.
