Imputan a Miguel Quintero por contratos del Área Metropolitana

La Fiscalía General de la Nación imputó cargos este martes 15 de septiembre a Miguel Andrés Quintero Calle, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, por el direccionamiento de la contratación en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Quintero Calle se declaró inocente y no aceptó los cargos al cierre de la diligencia.

El entramado que le describió la Fiscalía arranca en diciembre de 2019, cuando habría promovido una estructura para controlar la contratación de la entidad. Según el ente acusador, recomendó el nombramiento de Álvaro Alonso Villada García y desde esa posición se manejó la Subdirección Ambiental.

Esa estructura desembocó en seis contratos por más de 17.657 millones de pesos, suscritos entre 2019 y 2023 entre el Área Metropolitana y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí. Se firmaron para fortalecer al organismo de socorro, apoyar la reducción del riesgo de desastres y suministrar kits de la emergencia sanitaria por el covid-19, y habrían dejado un detrimento patrimonial superior a 2.481 millones.

Sobre ese dinero se habría fijado una tajada: «Los elementos materiales probatorios indican que Miguel Andrés Quintero Calle, como particular, habría ordenado favorecer con la contratación al cuerpo de bomberos a cambio del 15 % de los recursos entregados», informó la Fiscalía. Los contratos se celebraron de manera directa sin cumplir los requisitos legales, con sobrecostos en los kits de la pandemia y pagos por transporte y recargas de celulares que nunca se prestaron.

Quintero Calle no fue imputado como servidor público sino como determinador. «Aun careciendo de competencia legal o funcional dentro de la estructura administrativa del Área Metropolitana, intervino en los procesos de contratación, generando la idea criminal», le dijo la fiscal del caso en la audiencia. En el mismo proceso fueron imputados Villada García, Vanessa Álvarez Restrepo y Sebastián de Dios Ortega Urán por interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.

Parte de la acusación se sostiene en Misael Cadavid, exrepresentante legal de los bomberos de Itagüí, que fue imputado en el mismo expediente, suscribió un principio de oportunidad y entregó una camioneta avaluada en cerca de 700 millones de pesos como reparación.

La Fiscalía pedirá medida de aseguramiento en centro carcelario, y solo contra él. La audiencia en la que un juez decidirá quedó programada para este miércoles 16 de septiembre a las 2:00 p. m. La defensa niega que su cliente haya intervenido en los hechos.