Iván Name anuncia que apelará su muerte política por el caso Ungrd
El expresidente del Senado, recluido en La Picota, niega los hechos y descarta buscar beneficios judiciales tras el fallo de primera instancia del Consejo de Estado.
El expresidente del Senado Iván Name anunció en la mañana de este martes 29 de septiembre que apelará el fallo de primera instancia del Consejo de Estado que le decretó la pérdida de investidura, la llamada muerte política, por su vinculación con el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Lo hizo en un pronunciamiento enviado desde la cárcel La Picota, en Bogotá, donde está recluido.
El alto tribunal tomó la decisión el viernes 25 de septiembre por tráfico de influencias. Concluyó que las ausencias de Name favorecieron el trámite de la reforma pensional: la sentencia reconstruye 16 sesiones del Senado entre el 28 de febrero y el 23 de abril de 2024 y establece que el entonces presidente de la corporación se ausentó de al menos 14 de ellas, varias conducidas por la vicepresidenta María José Pizarro, del Pacto Histórico.
En los testimonios que recogió el Consejo de Estado, el exdirector de la Ungrd Olmedo López y el exsubdirector Sneyder Pinilla coincidieron en que la orden inicial de direccionar $60.000 millones en contratos se cambió por la entrega de $3.000 millones en efectivo para financiar la campaña al Concejo de Bogotá de María Clara Name, hija del senador. Según esas versiones, el dinero llegó a la residencia de Name en dos pagos de $1.500 millones.
«Ratifico lo dicho en todos los escenarios en que he sido requerido por la justicia: los hechos y las conductas por las que se me sindican no son ciertos.»
Name sostuvo que su actuación fue «siempre clara, pública y contundente en oposición al gobierno anterior y sus reformas», y aseguró que votó en contra, levantó sesiones clave y evitó la configuración del quórum. Atribuyó las acusaciones a «la empresa criminal que saqueó los recursos» de la Ungrd, que, según él, lo inculpó «con testigos y pruebas falsas».
El exsenador descartó además acudir a beneficios judiciales: «No he incurrido en conducta ilícita alguna, por lo que no hay nada que me motive a pretender beneficios de la justicia». Como la decisión es de primera instancia, la apelación abre la puerta a que el propio Consejo de Estado la revise antes de que quede en firme.
