La JEP imputa a cinco exjefes de las Farc por violencia sexual
Son 68 hechos cometidos en el norte del Cauca y el sur del Valle contra 35 víctimas. La decisión describe una política de anticoncepción forzada dentro de la guerrilla desde 1993.
La Jurisdicción Especial para la Paz imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a cinco antiguos comandantes de las Farc-EP por 68 hechos de violencia sexual y otras violencias basadas en género cometidos en el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca. La decisión la adoptó la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad dentro del Caso 05.
Los señalados como máximos responsables aparecen en el expediente con los alias que usaron en la guerrilla: 'Calixto', 'El Pija', 'Jaime Barragán', 'Monín' y 'Leonel Páez'. Pertenecieron al Frente Sexto y a las columnas móviles Jacobo Arenas y Gabriel Galvis, las estructuras que se disputaron durante años el control de esa franja del suroccidente.
Los 68 hechos documentados afectaron a 35 víctimas. Treinta pertenecían a la población civil y cinco eran integrantes de la propia guerrilla, una división que corresponde a las dos modalidades que la Sala identificó como parte de un mismo patrón criminal.
La primera modalidad ocurrió dentro de las filas. La Sala estableció que desde la XVIII Conferencia guerrillera, celebrada en 1993, existió una política formal de anticoncepción forzada que derivó en la prohibición del embarazo y la maternidad para las mujeres de la organización. Niñas y mujeres reclutadas fueron sometidas a métodos anticonceptivos contra su voluntad y, cuando quedaban embarazadas, a abortos forzados y a sanciones disciplinarias. También quedaron documentadas violaciones y otras agresiones sexuales, sobre todo contra menores de edad reclutadas a la fuerza.
La segunda recayó sobre mujeres y niñas de las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas de la región. La Sala registró casos ocurridos en viviendas y fincas, en los caminos veredales y como mecanismo de castigo frente a conductas que la guerrilla consideraba reprochables.
A partir de los relatos de las víctimas, los encuentros restaurativos y los peritajes antropológicos, la decisión describe daños que se prolongaron mucho después de los hechos: angustia, miedo, depresión y aislamiento; afectaciones a la salud física y reproductiva; estigmatización que llevó a muchas sobrevivientes a retirarse de la vida comunitaria; pérdida de oportunidades educativas y laborales; y amenazas y nuevos desplazamientos posteriores a la agresión.
El Caso 05 es el que reúne el mayor número de víctimas acreditadas ante la jurisdicción, por la cantidad de organizaciones indígenas, afrodescendientes y campesinas que agrupa. Los imputados tienen ahora la oportunidad de reconocer responsabilidad; de no hacerlo, el proceso pasa a juicio adversarial.
