JEP pide investigar a Luis Pérez por fosas y pagos a un paramilitar
La JEP compulsó copias contra el exalcalde de Medellín por su papel en las operaciones Mariscal y Orión, su versión sobre las fosas de San Cristóbal y una recompensa pagada a un paramilitar.
La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) compulsó copias a la Fiscalía y a la Procuraduría para que investiguen penal y disciplinariamente al exalcalde de Medellín Luis Pérez Gutiérrez por su papel durante las operaciones Mariscal y Orión, en la Comuna 13, por la versión que dio sobre las fosas halladas en el corregimiento de San Cristóbal y por el pago de una recompensa a un paramilitar. La orden hace parte del auto de 1.337 páginas con el que la JEP imputó este viernes a los generales (r) Mario Montoya y Leonardo Gallego y a otros diez uniformados.
El primer reproche es su silencio. La Operación Mariscal, del 21 de mayo de 2002, dejó nueve muertos, 33 heridos y 37 capturados, entre ellos 12 menores de edad. Al día siguiente, la Alcaldía calificó de «extraña e incomprensible» la actitud de las organizaciones que denunciaron violaciones de derechos humanos. Para la Sala, esos pronunciamientos fueron «ofensivos y estigmatizantes» y muestran que Pérez tuvo «un conocimiento puntual» de lo ocurrido, contrario a lo que declaró ante la jurisdicción. Sobre Orión, el exalcalde dijo que fue informado cuando la operación ya había arrancado, pero varios comparecientes, entre ellos el propio Gallego, sostuvieron que sí sabía.
«La pregunta que le hicimos al señor alcalde es por qué no hizo nada para frenar el accionar de la tropa cuando el número de civiles era enorme.»
Ese silencio se extendió a las fosas. El 31 de julio de 2003, el Ejército encontró diez fosas comunes en la vereda Bellavista de San Cristóbal, y días después Pérez divulgó que los cuerpos correspondían a narcotraficantes, guerrilleros o integrantes de grupos ilegales muertos en combate. La JEP identificó a siete de las 13 víctimas, y seis de ellas eran habitantes de la Comuna 13 desaparecidos por paramilitares después de Orión. Cuatro cuerpos, inhumados entre enero y junio de 2004 en el Jardín Cementerio Universal, entonces administrado por la Alcaldía, siguen sin aparecer.
A esas omisiones se suma el dinero. Por medio de Metroseguridad, cuya junta directiva presidía el alcalde o un secretario designado por él, se pagaron en 2002 $87 millones en recompensas a informantes por operaciones en las comunas 7 y 13 y en San Cristóbal. Uno de esos giros, de $3 millones, fue a parar a Euries Arturo Roldán Peláez, a quien la Sala describe como «un paramilitar activo al servicio del Bloque Cacique Nutibara». Ante la JEP, Pérez aseguró que nunca supo de esos pagos.
Con la compulsa, corresponderá ahora a la Fiscalía y a la Procuraduría determinar si el exalcalde, que también fue gobernador de Antioquia entre 2016 y 2019, debe responder por esos hechos, ocurridos en la Comuna 13 entre 2001 y 2004.
