Juez frena el cierre de la zona de excombatientes de la CNEB en Putumayo
Un juzgado de Puerto Asís suspendió de forma provisional la resolución del Gobierno de Abelardo de la Espriella que ordenaba cerrar el 30 de septiembre la zona de ubicación temporal del Valle del Guamuez, donde permanecen 99 exintegrantes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.
El Juzgado Segundo Promiscuo de Puerto Asís (Putumayo) suspendió de manera provisional la orden del Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella de cerrar la Zona para la Capacitación Integral y Ubicación Temporal (ZUT) del Valle del Guamuez, donde permanecen 99 exintegrantes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) que dejaron las armas el pasado 18 de junio.
La decisión, adoptada como medida provisional, deja sin efectos la Resolución 389 del 9 de septiembre, que fijaba el fin de la zona a partir del 30 de septiembre, mientras el despacho resuelve de fondo una acción de tutela. El recurso lo presentó Arbey Lemus Wilches, en nombre de integrantes de la zona, contra la Presidencia, la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, el Ministerio de Defensa y la Fuerza Pública.
Los accionantes alegan la vulneración de sus derechos a la vida, la seguridad, la integridad física, la reincorporación y el tránsito a la vida civil, el debido proceso, la confianza legítima y la paz, y sostienen que el cierre se anticipa al plazo de diez meses fijado originalmente para la zona. El juez consideró que existía «una situación de urgencia» y que la resolución generó incertidumbre sobre la seguridad física y jurídica de los concentrados, sin una ruta institucional claramente definida para después del cierre.
La medida frena también, de manera temporal, la entrega a la Fiscalía, la Policía y otras autoridades de los listados de los 99 integrantes de la zona, necesarios para adoptar decisiones sobre sus órdenes de captura.
La ZUT del Valle del Guamuez fue creada durante el gobierno de Gustavo Petro como parte de la política de «paz total», que la administración de De la Espriella ha venido desmontando. Por ahora, la zona seguirá funcionando hasta que el juzgado emita un fallo definitivo.
