Juez niega frenar los bombardeos, pero exige más cuidado con los menores

El Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cúcuta rechazó este jueves la petición de prohibir de manera general, absoluta e indefinida los bombardeos en el país, pero ordenó a la Presidencia, al Ministerio de Defensa y a los comandantes de las Fuerzas Militares aplicar un estándar reforzado de precaución y verificación antes de cualquier operación aérea ofensiva.

La decisión resuelve la tutela que presentó la abogada Natalia Bernal Cano como agente oficiosa de menores y de la población civil que habita zonas donde hay o puede haber operaciones militares. El mismo despacho había dictado el 16 de septiembre una medida provisional que ordenaba suspender los bombardeos cuando se comprobara la presencia de niños o civiles.

Con el fallo, las operaciones aéreas pueden seguir, aunque con límites. El juzgado ordenó abstenerse de ejecutarlas cuando, después de agotar las verificaciones disponibles, exista información objetiva sobre la presencia de niños, niñas, adolescentes o civiles en el objetivo, o cuando persista una duda razonable.

Además, prohibió presumir de forma automática que un menor cumple una función continua de combate solo porque esté en un campamento de un grupo armado ilegal o use su uniforme. Cuando haya indicios de menores, los mandos deberán reforzar la verificación de inteligencia, evaluar los riesgos concretos para ellos y estudiar alternativas operacionales que logren el objetivo militar con menos daño.

Ese punto toca directamente la operación del 27 de agosto en Guaviare, en la que murieron tres adolescentes de 15 y 16 años. El Ministerio de Defensa había sostenido entonces que los menores cumplían una función continua de combate, un argumento que el juzgado no aceptó como regla general.