Jueza argentina ordena frenar el proyecto petrolero de Malvinas

La jueza federal de Río Grande, en la provincia argentina de Tierra del Fuego, Mariel Borruto, ordenó este miércoles 16 de septiembre a la británica Rockhopper Exploration y a la israelí Navitas Petroleum que se abstengan de «iniciar, continuar, ejecutar o hacer ejecutar actos materiales» del proyecto petrolero Sea Lion, situado al norte de las islas Malvinas.

La medida cautelar alcanza la perforación del lecho marino, la instalación de infraestructura submarina, el tendido de conductos, la puesta en marcha de unidades flotantes de producción y almacenamiento, el inicio de la extracción comercial y las obras de apoyo en tierra y en puertos. Regirá hasta que el proyecto se someta a la evaluación de impacto ambiental ante la autoridad nacional argentina, o hasta que el juzgado disponga otra cosa.

La decisión responde a la demanda del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata y de la Asociación Civil de Abogados, Abogadas y Profesionales Ambientalistas. Al fundamentarla, la jueza sostuvo que «el riesgo no es hipotético ni remoto», porque el proyecto ya pasó a la fase de ejecución, aunque aclaró que no da por probado que vaya a causar un daño ambiental. Navitas aporta el 65 % de la financiación y Rockhopper, el resto.

Borruto dio a las dos compañías diez días hábiles para informar, bajo declaración jurada, el estado del proyecto: el cronograma de perforación, los pozos previstos, los contratistas, las entidades financieras y aseguradoras y los estudios de riesgo de derrames. También les ordenó preservar toda la documentación técnica, contractual y financiera vinculada.

El fallo se suma a la ofensiva del Gobierno de Javier Milei contra las petroleras que operan alrededor del archipiélago. En paralelo, un juzgado federal de Buenos Aires impulsó una investigación penal contra Desire Petroleum y el grupo Rockhopper tras una denuncia de la Cancillería, que sostiene que la explotación viola la resolución de Naciones Unidas que pide a ambas partes abstenerse de acciones unilaterales mientras dure la disputa.

El alcance práctico de la orden es limitado: Londres sostiene que las islas son británicas y rechaza la jurisdicción de los tribunales argentinos sobre ellas. Argentina y el Reino Unido libraron en 1982 una guerra por el archipiélago que dejó 649 argentinos, 255 británicos y tres isleños muertos, y en 2013 sus habitantes votaron de forma abrumadora por seguir bajo soberanía británica, un resultado que Buenos Aires no reconoce.