Una jueza deja en firme el freno a los bombardeos
El juzgado rechazó la impugnación que firmaron el presidente, dos ministros y la cúpula militar contra la medida que suspende las operaciones aéreas donde haya información de menores reclutados.
La jueza 34 de Familia de Bogotá dejó en firme este jueves la medida que suspende los bombardeos de las Fuerzas Militares en zonas donde exista información sobre la presencia de niños, niñas o adolescentes reclutados por grupos armados ilegales. Con esa decisión rechazó la impugnación que habían firmado el presidente Abelardo de la Espriella, los ministros de Defensa e Interior, Jorge Mora y Rodrigo Lara, y los integrantes de la cúpula militar.
El argumento central de esa impugnación era que la orden resultaba materialmente imposible de cumplir. La jueza respondió que no exige a las Fuerzas Militares certeza absoluta sobre la presencia de menores ni traslada al juez labores de inteligencia militar: fija como parámetro la existencia de información «cierta, objetiva o razonablemente verificable» y remite a los protocolos operacionales de las propias autoridades.
Sobre el alcance de la restricción, el despacho precisó que no se trata de una suspensión general de las operaciones militares ni de un límite absoluto a las facultades constitucionales del presidente y de las Fuerzas Militares. Va dirigida a las operaciones aéreas en zonas con información confiable sobre menores y obliga a evaluar alternativas de menor riesgo para ellos. Tampoco declara que las autoridades hayan vulnerado derechos: eso se definirá en la sentencia de fondo.
Para mantenerla mientras llega esa sentencia, la jueza puso el foco en el carácter irreversible de cualquier afectación a la vida de un menor de edad. Declaró improcedente la impugnación, estudió los argumentos del Gobierno como una solicitud de revocatoria y concluyó que tampoco había razones para levantar la orden, de modo que dejó «incólume» el numeral del auto del 2 de septiembre que contiene la restricción.
La decisión dejó además un reparo a las autoridades: no respondieron de manera concreta a varias pretensiones de la tutela, entre ellas la revisión de los protocolos para planear y ejecutar operaciones aéreas cuando hay posible presencia de menores, el tratamiento jurídico que reciben los reclutados —a quienes la ley colombiana reconoce como víctimas del conflicto— y el estado del Plan Nacional de Prevención. Los bombardeos ordenados en las últimas semanas, entre ellos uno del 10 de agosto en el Catatumbo contra el Eln y otro del 27 de agosto en Guaviare contra las disidencias de alias Calarcá Córdoba, han dejado cuatro menores muertos.
