Una jueza de Mocoa mantiene frenada la aspersión con glufosinato
El fallo de primera instancia sobre diez tutelas ordena al Gobierno abstenerse de fumigar coca desde el aire en Putumayo mientras no acredite los requisitos del plan piloto.
La jueza Ana Pilar Vidal, del Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Mocoa, mantuvo suspendida la aspersión aérea con glufosinato de amonio sobre cultivos de coca en Putumayo. Al fallar en primera instancia diez tutelas acumuladas, ordenó al Consejo Nacional de Estupefacientes, a los ministerios de Justicia y Defensa y a la Dirección Antinarcóticos de la Policía abstenerse de iniciar, continuar o ejecutar cualquier aspersión autorizada por la Resolución 0007 de 2026. El Ministerio de Defensa fue notificado este martes 22 de septiembre.
La orden rige mientras el Gobierno no acredite «de manera integral, verificable y suficiente» las condiciones del Decreto 380 de 2021 y de las sentencias de la Corte Constitucional sobre fumigación. En su análisis, el despacho encontró que no hay polígonos identificados públicamente, que no se probó la compatibilidad del piloto con los programas de sustitución voluntaria y que no se demostró la participación efectiva de las comunidades. También señaló que no existe un plan de manejo ambiental para el componente aéreo, que siguen trámites pendientes ante la Anla y que el Instituto Nacional de Salud no emitió concepto técnico.
Por esas falencias, la jueza aplicó el principio de precaución y amparó como mecanismo transitorio los derechos a la vida, la salud, el agua, el debido proceso ambiental y la participación. La suspensión es temporal: los demandantes, entre ellos el exconcejal de Mocoa Jesús Lisandro Melo y varias organizaciones de la región, deben presentar una acción popular para que la protección no pierda efecto. El expediente irá a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Es el segundo freno judicial al piloto en dos semanas. El 11 de septiembre, un juzgado de Puerto Asís ya lo había suspendido de forma provisional. El plan, aprobado a comienzos de mes por el Consejo Nacional de Estupefacientes, contemplaba un máximo de 1.000 hectáreas en siete días de operación con glufosinato de amonio, un herbicida que la Organización Mundial de la Salud clasifica como moderadamente peligroso.
El Gobierno había pedido levantar la primera suspensión con el argumento de que «la amenaza es el narcotráfico». Tras el nuevo fallo no ha anunciado si lo impugnará.
