Jueza frena los anuncios pro-Trump pagados con dinero público

La jueza federal Jennifer Rochon, del Distrito Sur de Nueva York, ordenó este domingo al gobierno de Donald Trump cancelar de inmediato la emisión de los anuncios de televisión que elogian al presidente y que fueron pagados con dinero de los contribuyentes. La orden de restricción temporal rige desde las 5:45 p. m., hora de Colombia, y estará vigente 14 días, salvo que se prorrogue.

La campaña, de US$20 millones, salió del presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional: la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza la contrató con una agencia de publicidad. Los comerciales, que empezaron a emitirse a finales de septiembre, mezclaban alabanzas a Trump, mensajes contra sus rivales políticos y exaltaciones de sus acciones militares recientes, como la captura de Nicolás Maduro y la guerra contra Irán. Uno de ellos era casi idéntico a un spot de la campaña presidencial de 2024.

La demanda la encabezó la organización de vigilancia Common Cause, a la que se sumaron un candidato demócrata a la Cámara de Alabama, un sindicato de Nueva York y el Comité Nacional Demócrata. Sostienen que la campaña viola la ley que prohíbe usar fondos federales para propaganda partidista. Rochon concluyó que los demandantes «han demostrado que es probable que ganen en el fondo del caso» y que sin la suspensión podía producirse un daño irreparable.

El Departamento de Justicia había alegado el sábado que la orden era innecesaria porque la campaña terminaba el domingo por la noche, pero la jueza consideró que ese plazo no dejaba sin objeto la demanda y prohibió también cualquier emisión ya programada. La Casa Blanca ha defendido los anuncios como «mensajes educativos y de servicio público», y Trump, que se ofreció a pagar de su bolsillo los comerciales restantes, sostiene que no hace campaña porque no es candidato.

La decisión llega a unas tres semanas de las elecciones de mitad de mandato de noviembre, en las que se renuevan la Cámara de Representantes y parte del Senado. El gobierno ya había reconocido ante el tribunal haber gastado US$19 millones en la campaña, un dinero que, según funcionarios, no tiene previsto devolver.