Un juzgado frena los bombardeos donde pueda haber menores
El Juzgado 34 de Familia de Bogotá suspendió las operaciones aéreas contra campamentos de grupos armados cuando haya información verificable de que allí hay niños reclutados.
El Juzgado 34 de Familia de Bogotá ordenó suspender de inmediato las operaciones aéreas ofensivas contra campamentos de grupos armados cuando exista información cierta, objetiva o razonablemente verificable de que en el lugar hay niños, niñas o adolescentes reclutados. La medida cobija a la Presidencia de la República, el Ministerio de Defensa, el Comando General de las Fuerzas Militares, el Ejército, la Fuerza Aeroespacial y la Armada, cada uno dentro de sus competencias.
La orden no prohíbe el bombardeo en términos absolutos. El fallo deja abierta la posibilidad de ejecutarlo si, con la información disponible y los protocolos operacionales aplicables, se concluye que no existe una alternativa menos lesiva para alcanzar un objetivo militar legítimo. La carga, en la práctica, queda del lado de quien decide la operación: debe poder demostrar que revisó esa información antes de autorizarla.
Esa exigencia nació de un caso concreto. La decisión responde a una acción de tutela admitida esta semana, que pidió frenar las operaciones aéreas sobre objetivos donde hubiera indicios de menores reclutados y adoptar medidas para protegerlos. La suspensión rige mientras el juzgado resuelve el fondo del recurso.
El antecedente inmediato es el operativo militar en El Retorno, Guaviare, contra las disidencias de las Farc que comanda Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá. La acción dejó diez muertos y, de los nueve cuerpos identificados por Medicina Legal, tres correspondían a menores de 15 y 16 años. Ese resultado abrió el debate sobre qué verificación previa se hace cuando el objetivo es un campamento en el que hay reclutados.
Mientras el juzgado decide, la restricción queda vigente y obliga al Gobierno a documentar cada operación aérea que autorice. El presidente Abelardo De la Espriella, tras reunirse esta semana con la Corte Suprema de Justicia, sostuvo que las decisiones judiciales serán respetadas y que la autonomía de esa rama quedará protegida sin interferencias del Ejecutivo.
