Dos juzgados frenan los bombardeos donde haya menores reclutados
Un despacho de Bogotá y otro de San José del Guaviare ordenaron suspenderlos como medida provisional; la cúpula militar responde que no puede renunciar a esa herramienta.
Dos juzgados le pusieron límites a los bombardeos de la Fuerza Pública contra campamentos de grupos armados. El Juzgado 34 de Familia de Bogotá ordenó que el Estado se abstenga de ejecutar operaciones aéreas ofensivas sobre objetivos donde exista información “cierta, objetiva o razonablemente verificable” de que hay niños o adolescentes reclutados, hasta que se adopten y verifiquen las medidas de precaución necesarias.
El segundo freno llegó desde el Guaviare. El Juzgado Tercero Penal del Circuito de San José del Guaviare suspendió temporalmente los bombardeos en ese departamento cuando haya información de inteligencia, alertas preventivas u otros elementos objetivos que adviertan la posible presencia de menores en el objetivo. La decisión del juez Jhoan Aguilera Martínez es una medida provisional dentro de una tutela presentada por Roxemhberg Rozo Sánchez como agente oficioso de niños y adolescentes víctimas de reclutamiento forzado, dirigida contra la Presidencia, el Ministerio de Defensa y otras entidades.
El propio despacho acotó el alcance de lo que ordenó: aclaró que la medida no prohíbe de manera general las operaciones ofensivas ni cuestiona la legitimidad constitucional de las Fuerzas Militares para actuar contra estructuras ilegales.
Esa distinción no bastó para la cúpula militar, que salió a defender la capacidad. “No podemos renunciar a los bombardeos”, sostuvo el general Erik Rodríguez, comandante de las Fuerzas Militares, quien admitió que la ofensiva podría continuar sin esa herramienta, pero con un costo.
El costo que describe Rodríguez es un incentivo perverso. Según el comandante, los cabecillas que antes se rodeaban de escoltas experimentados ahora recurren a menores de 14 y 15 años para usarlos como escudos humanos, y una restricción judicial los empujaría a reclutar más. “Cuando Mordisco o Calarcá saben que es un problema político que haya niños en las filas, lo primero que hacen es intensificar el reclutamiento de menores”, afirmó. El ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, sostuvo que los bombardeos son una herramienta táctica prevista en la doctrina militar y en el derecho internacional humanitario.
Desde el organismo encargado de la protección de la niñez la lectura apunta al mismo origen del problema, pero por otro camino. Carolina Restrepo Cañavera, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, recordó que los menores que están en las filas armadas llegaron allí como víctimas y que el Estado tiene el deber de protegerlos.
“Un menor no aparece por casualidad en un campamento de una organización criminal. Antes hubo un reclutador, hubo una amenaza, un engaño, una presión, una familia rota, una escuela abandonada, una comunidad intimidada”, escribió Restrepo. La directora advirtió, sin embargo, que ese deber no puede convertir los campamentos en refugio seguro para quienes reclutan, y calificó de “trampa” presentar el asunto como una elección entre proteger a los niños o combatir a los criminales.
La discusión escaló al terreno político el mismo día. La exsenadora María Fernanda Cabal cuestionó a la jueza de familia de Bogotá tras conocerse un video de estudiantes de la Universidad Francisco de Paula Santander, en Ocaña, resguardándose bajo los pupitres durante el ataque del ELN al batallón de esa ciudad el 4 de septiembre. “Estos criminales no protegen a los jóvenes: los reclutan, los usan como escudos y ahora llevan la guerra hasta las aulas”, escribió, y preguntó si la funcionaria judicial también les pondrá límites a los grupos armados.
