Lara radica en la Cámara el acto legislativo «antimermelada»
La reforma constitucional crea registros públicos de intereses de los congresistas, de los financiadores de sus campañas y de los proyectos de inversión que postulan. Ocultar información costaría la investidura.
El ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, radicó este jueves ante la Secretaría General de la Cámara de Representantes el proyecto de acto legislativo de transparencia y probidad legislativa, que el gobierno de Abelardo de la Espriella presenta como la ley «antimermelada». La reforma modifica los artículos 180, 182, 183 y 346 de la Constitución y crea registros públicos con los intereses declarados por los congresistas, los financiadores de sus campañas y los proyectos de inversión que postulan para sus regiones.
«La iniciativa busca que los ciudadanos puedan conocer los intereses declarados por los congresistas, los financiadores de sus campañas y los proyectos de inversión que postulan para beneficiar a sus regiones.»
Para eso, el texto permite que senadores y representantes postulen proyectos de inversión pública en beneficio de departamentos y municipios sin que esa gestión constituya por sí misma una incompatibilidad o un conflicto de intereses. A cambio, cada iniciativa deberá quedar inscrita en un registro que cualquier ciudadano podrá consultar, y el congresista tendrá prohibido intervenir en la adjudicación, celebración o ejecución de los contratos que se deriven de ella. Ni él ni los financiadores de su campaña podrán obtener un beneficio particular de esos proyectos, que podrán incluirse en el Presupuesto General de la Nación o pagarse con recursos de inversión y de los fondos especiales del orden nacional.
La propuesta también redefine el conflicto de intereses: solo existiría cuando haya un beneficio particular y determinado para el congresista, su cónyuge o compañero permanente, ciertos familiares o sus socios. La financiación de campaña legalmente registrada y los intereses comunes de un sector económico, social o regional no serían, por sí solos, un impedimento para votar. En cambio, ocultar información en la declaración pública de intereses se convertiría en causal de pérdida de investidura.
El Ministerio del Interior resumió así el proyecto tras su radicación en la Cámara.
Por tratarse de una reforma constitucional, el proyecto arrancará en las comisiones primeras de Cámara y Senado y deberá superar ocho debates en dos vueltas. Si se aprueba, el Congreso tendrá 12 meses desde su entrada en vigencia para expedir una ley orgánica que reglamente los registros de intereses, financiadores y postulaciones. Lara lo presentó acompañado de congresistas del Centro Democrático, La U y el Partido Liberal.
