Medellín pierde cuatro fiscalías de crimen organizado
La Resolución 1266 inactiva los despachos 70, 71, 73 y 76 por falta de fiscales titulares y reparte cerca de 250 procesos entre los seis restantes, cada uno con más de 114 casos.
La Fiscalía General de la Nación formalizó la inactivación de cuatro despachos especializados en crimen organizado con sede en Medellín. La Resolución 1266, firmada el 19 de agosto por la directora encargada de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, Mabel Carrero, saca de servicio a las fiscalías 70, 71, 73 y 76.
La entidad explica que la decisión responde a los movimientos de personal derivados del concurso de méritos y a la falta de fiscales titulares para sustituir las vacantes y garantizar el funcionamiento de esas oficinas. La resolución precisa que los procesos no se archivan: cerca de 250 noticias criminales se redistribuyen entre las fiscalías 61, 63, 64, 67, 68 y 79, con entrega organizada y digitalizada de los expedientes. La fiscalía 26 quedó excluida del reparto por ser el despacho coordinador de la región.
El reparto deja a cada uno de los seis despachos restantes con más de 114 procesos, según el cálculo del concejal de Medellín Andrés Tobón, que reconoce que la alternativa era peor: sin la medida, 257 procesos quedaban en despachos sin ningún fiscal disponible.
«Medellín necesita más fiscales, no menos. Es preocupante la reducción de la capacidad de investigación contra el crimen organizado aquí en Medellín.»
La preocupación se extiende más allá de la ciudad. En Chocó, Antioquia, Córdoba y otros departamentos donde operan el Clan del Golfo y la Oficina de Envigado, autoridades regionales advirtieron que la medida puede debilitar investigaciones en curso, entre ellas las que avanzan contra al menos 23 integrantes de esas estructuras, incluidos quienes hacían parte de la extinta mesa de diálogos de la cárcel de Itagüí.
Tobón atribuye el origen del problema a las cuentas y no a la resolución, y pidió al Gobierno nacional y al Congreso que atiendan el presupuesto de la entidad para sostener la persecución del crimen organizado.
