Minas deroga las resoluciones de los distritos mineros

La ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda, confirmó la derogación de las diez resoluciones que delimitaban los distritos mineros especiales en el país. Los territorios que estaban cobijados por esa figura quedan sin ese respaldo normativo hasta que se expida una norma nueva, algo que la cartera no precisó si ocurrirá.

Los distritos habían sido creados como mecanismo del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 para ordenar y formalizar la actividad extractiva en zonas de tradición minera, con condiciones especiales para pequeños y medianos mineros. La lectura del ministerio sobre ese resultado es la contraria. «Era contradictorio llamarlos distritos mineros y no poder aprovechar la minería, la ley que quería organizar el territorio pero limitó la minería y la exploración e inversión cayó», dijo Arboleda, que calificó la derogación como «una decisión de futuro» que no afecta derechos de los ciudadanos.

Las cifras del periodo respaldan esa caída. La inversión extranjera directa en minería pasó de US$1.508 millones a US$178 millones, las regalías mineras se redujeron 34 % entre 2022 y 2025, y las exportaciones del sector perdieron cerca de US$4.000 millones en el mismo lapso. Hoy la participación de la inversión extranjera en la minería colombiana es de 1,5 %, frente al 50 % de Chile, el 53 % de Argentina y el 30 % de Perú.

El anuncio se hizo en el Congreso de Minería, en Cartagena, donde la ministra fue recibida con una ovación. Ante el auditorio, Arboleda defendió el papel del sector en la transición energética —«sin minería no hay transición»— y volvió sobre el carbón, que a su juicio se fue relegando pese a su peso: «No tenerlo es una debilidad». También descartó lo que llamó un falso dilema entre medio ambiente y desarrollo.

Los gremios llegaron con su propia cuenta. Santiago Cardona, presidente del consejo directivo de la Asociación Colombiana de Minería, describió cuatro años con unos 800 bloqueos y calculó que, con reglas claras, el sector podría movilizar US$4.700 millones y sostener inversiones anuales de US$500 millones, frente a los US$80 millones actuales. Juan Camilo Nariño, presidente del gremio, pidió restablecer el orden jurídico y revisar el panorama de la minería ilegal en los territorios.

Queda sin resolver qué pasa con los procesos de formalización que estaban en curso bajo la figura derogada y con las comunidades que operaban dentro de ella. El ministerio no anunció norma de reemplazo ni régimen de transición.