Medicina Legal atribuye a asfixia la muerte de Ana Lucía González
La niña de nueve años apareció en una alcantarilla de Ciudad Bolívar. El capturado responderá por homicidio agravado y delitos sexuales.
El dictamen inicial de Medicina Legal atribuyó a asfixia mecánica la muerte de Ana Lucía González Mendoza, la niña de nueve años hallada sin vida el martes 15 de septiembre dentro de una alcantarilla del barrio Juan José Rondón, en la localidad bogotana de Ciudad Bolívar.
Ese resultado todavía no cierra la necropsia. A petición de la Fiscalía, el instituto sigue el abordaje del cuerpo para establecer si la menor sufrió abuso sexual, y de esa conclusión depende el alcance de los cargos que se le imputen al detenido.
El señalado es Shenner José Rojas Lárez, ciudadano venezolano capturado el miércoles 16 de septiembre por la Policía Judicial de Bogotá, que reconstruyó con cámaras de videovigilancia el recorrido de la niña. Será presentado ante un juez por homicidio agravado, acceso carnal abusivo con menor de catorce años y actos sexuales con menor de catorce años.
La niña, también venezolana, estaba de vacaciones en Colombia y había viajado al municipio cundinamarqués de Mosquera para visitar a su hermana antes de regresar a su país. El lunes 14 de septiembre se desató en esa vivienda una discusión, al parecer por celos, entre la hermana y el hoy detenido, que era su pareja. El hombre causó destrozos y se llevó a la menor en una motocicleta sin autorización.
La hermana acudió esa misma tarde al CAI Porvenir del Río a reportar lo ocurrido. La familia sostiene que los uniformados no activaron de inmediato el mecanismo de búsqueda; la Alcaldía de Mosquera afirma que las labores se adelantaron con el mecanismo de búsqueda urgente de la Alerta Rosa. Un día después, unos niños que jugaban en el barrio encontraron el cuerpo en un conducto hídrico y avisaron a las autoridades.
El caso reabrió una discusión de fondo. El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, pidió que el país vuelva a debatir la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños. En agosto la representante a la Cámara Nataly Vélez ya había radicado un proyecto de acto legislativo que plantea la prisión perpetua revisable: modificaría el artículo 34 de la Constitución y obligaría a un juez a revisar de oficio la condena tras veinte años de prisión efectiva, sin que eso implique la libertad automática del condenado.
