Saltar al contenido
NoticiasVeta

sábado, 17 de octubre de 2026

Mundo9 de octubre de 2026Actualizado el 9 de octubre a las 08:50 p. m.

Ocho países y la ONU respaldan a la CPI ante las sanciones de EE. UU.

Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Países Bajos, Dinamarca, Canadá y Japón rechazaron en una declaración conjunta las sanciones de Washington a la Corte Penal Internacional. Guterres se dijo «profundamente alarmado».

CompartirWhatsAppXFacebook
Sede de la Corte Penal Internacional en La Haya, vista a través de un vidrio con el emblema del tribunal
Foto: AP · Al Jazeera

Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Países Bajos, Dinamarca, Canadá y Japón cerraron filas este viernes con la Corte Penal Internacional (CPI) y rechazaron en una declaración conjunta las sanciones que Estados Unidos le impuso horas después de que la exjueza Navi Pillay ganara el Nobel de Paz. Los ocho gobiernos dijeron que lamentan y están en «firme desacuerdo» con la medida.

En su pronunciamiento advirtieron que las sanciones tendrán «un impacto significativo en el trabajo de la Corte, su dedicado personal y sus familias», que a diario buscan llevar ante la justicia a los acusados de los crímenes internacionales más graves y apoyar a sus víctimas. El ministro de Exteriores de Países Bajos, Tom Berendsen, calificó la decisión de «profundamente lamentable», y su par belga, Maxime Prévot, pidió activar el estatuto de bloqueo de la Unión Europea para proteger al tribunal.

A ese rechazo se sumó la ONU. El secretario general, António Guterres, se dijo «profundamente alarmado» por el efecto de las sanciones sobre el funcionamiento de la Corte, y su vocería sostuvo que la decisión supone un duro golpe a la búsqueda colectiva de justicia penal internacional. El alto comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, las calificó de «inaceptables».

«La Corte no puede estar sola. Su destino también está ahora en manos de los Estados que la crearon.»
Corte Penal Internacional

Las medidas anunciadas por el secretario de Estado, Marco Rubio, prohíben las transacciones con el tribunal, al que llamó «corte rebelde», con el fin de cortarle los recursos. El Tesoro fijó un periodo de gracia de seis meses y excepciones para telecomunicaciones, software, pensiones y asuntos de detenidos. La CPI las describió como un ataque al Estado de derecho, mientras que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aplaudió lo que llamó una «decisión crítica» de Trump.

Relacionadas